Sobre Chile Solidario

Chile Solidario es un programa que se inició en 2002 para mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de extrema pobreza. El programa ha beneficiado a más de 300.000 familias, las de mayor prioridad en base al instrumento de focalización (la ficha CAS y, posteriormente, la Ficha de Protección Social). Se trata de una intervención sistémica coordinada y financiada por Mideplan.

El programa incluye cuatro componentes: un acompañamiento periódico a la familia durante dos años por parte de un profesional especializado; el acceso preferente a programas y servicios públicos; el acceso garantizado de las familias a subsidios existentes (único familiar, agua potable y otros); y una transferencia en dinero por 24 meses que comienza en $ 11.000 mensuales y disminuye gradualmente.

El Grupo de Política Social, compuesto por investigadores de varias universidades, ha emitido un informe sobre Chile Solidario que preguntó, a ocho años de su inicio, ¿qué sabemos de sus resultados? ¿Cómo seguir a futuro? Es muy desafortunado que la respuesta más honesta a la primera pregunta no exista y, por ende, tampoco a la segunda.

En México, un programa dirigido a una población similar en base a transferencias condicionadas (llamado Oportunidades) ha mostrado éxitos indiscutidos en la reducción de la pobreza y en indicadores sociales. Además, decenas de investigadores internacionales lo estudian regularmente y confrontan sus resultados, generando consensos técnicos sobre los aspectos que deben ser modificados.

¿Dónde radica la diferencia entre los programas de Chile y México?
El programa mexicano se diseñó para poder ser evaluado. Considerando la gradualidad con que las familias entrarían al programa por razones de disponibilidad presupuestaria, dentro de los grupos elegibles se aleatorizaron las localidades que comenzarían ingresando, por lo que la existencia de un grupo de control permitió de manera transparente extraer resultados y lecciones claras.  Además, se tuvo el cuidado de realizar encuestas de calidad a muestras de beneficiarios y no beneficiarios, antes y después de la aplicación del programa, siguiendo a los mismos individuos.

Chile Solidario también se aplicó gradualmente, en cuatro años. En julio de 2003, cuando se estaba por implementar el programa al primer grupo, el Centro de Microdatos formuló varias propuestas para contar con un diseño experimental de evaluación (lo que implicaba alterar la fecha de entrada al programa a una fracción menor de familias). Estas propuestas fueron desechadas por los responsables en Mideplan, argumentando que no sería ético realizar esta aleatorización (de carácter marginal) e indicando que el Ministerio ya contaba con una estrategia para evaluar el programa en base a encuestas y a un diseño econométrico apropiado.

Ocho años después, lo único claro es que la evaluación fue mal diseñada y mal implementada, por lo que sus resultados no son útiles. Las actuales autoridades y el Congreso deben tomar decisiones sobre el presupuesto de este programa sin conocer sobre su real impacto. Este parece ser el verdadero problema ético involucrado.
Algunas lecciones se aprendieron y desde 2009 la Dirección de Presupuestos tiene una línea de evaluación que apunta a incluir evaluaciones de impacto al diseñar los programas y a establecer que éstas deben ser externas y que no pueden ser conducidas por las mismas instituciones que ejecutan los programas. Fortalecer esta área es un gran desafío pendiente de la modernización del Estado en Chile.