A doce meses de la entrada en vigencia del control preventivo de identidad, las policías ya manejan un balance de este polémico mecanismo.
La aplicación del control preventivo por parte de los organismos de seguridad -Carabineros y PDI- comenzó en julio del año pasado con la publicación de la Agenda Corta Antidelincuencia, que facilita la aplicación efectiva de penas en delitos de robo, hurto y receptación, y que regula el mecanismo que permite a policías controlar la identidad.
En este contexto, la ley faculta a las policías para controlar la identidad de personas mayores de edad en lugares públicos o recintos privados con acceso al público. Como este control es aleatorio, gran parte del debate legislativo se concentró en las dudas que planteaban algunos parlamentarios en torno a un eventual uso discrecional de la herramienta y posibles discriminaciones.
Sin embargo, según la información entregada por las policías en respuesta a los oficios del senador Alberto Espina (RN) - y a los que tuvo acceso La Tercera-, entre julio de 2016 y marzo de este año Carabineros recibió sólo 12 reclamos del 1.105.560 total de controles de identidad efectuados.
De esos reclamos, dos no tenían relación con un control preventivo, ocho fueron desestimados, uno se encuentra en proceso de investigación y uno está en instancia de apelación por medida administrativa propuesta.
Según explicó Espina a La Tercera, "esto demuestra que los controles preventivos de identidad son un buen instrumento por dos razones: porque te permite detener a un número importante de personas que tienen órdenes de detención, y en segundo lugar, porque los reclamos como se dijo tantas veces por casos de abuso de la policía, son prácticamente nulos".
PERSONAS DETENIDAS
Por otra parte, las estadísticas proporcionadas por Carabineros indican que de las 1.105.560 personas controladas preventivamente, sólo 61.398 resultaron detenidas. Esto corresponde al 5,5% del total de controles realizados.
En tanto, de acuerdo a las cifras que maneja la Policía de Investigaciones (PDI), de los 78.446 controles realizados por el organismo entre julio de 2016 y mayo de 2017, la mayoría (44.853) correspondía a ciudadanos sin antecedentes, mientras que 1.784 de las personas controladas registraban una orden de detención pendiente.
Según el parlamentario, estas cifras están "dentro de los márgenes naturales".
"En Chile habían 66 mil órdenes de detención hace dos años atrás, entonces me parece que es un porcentaje que se ajusta a la realidad porque la mayoría de los chilenos no tienen órdenes de detención. Lo importante es que ese control aleatorio no ha tenido reclamos de la ciudadanía, eso es lo clave. Que la ciudadanía ha estado dispuesta a colaborar y la policía los ha tratado adecuadamente".
Además, precisó que "lo que importa, porque éste es el sentido del control preventivo, es que los prófugos de la justicia sean detenidos".
DESTINO DE LOS DETENIDOS Y NUEVOS OFICIOS
Sin embargo, el senador Espina afirmó que los antecedentes entregados por las policías aún no son suficientes. Según expresa el legislador, es necesario saber qué ocurre con el porcentaje de personas que son detenidas tras un control de detención.
"No sacamos nada teniendo personas detenidas por delitos graves que finalmente recuperan rápidamente la libertad", dijo el senador. "La gran pregunta de fondo que tenemos que hacernos en el país es por qué nueve de cada diez robos en Chile quedan impunes, ese es el verdadero problema que tiene Chile, y por qué en el caso del narcotráfico también existen bandas y pandillas que no logran ser encarceladas. El 80% de los delitos lo cometen el 20% de los delincuentes, y ese 20% que son reincidentes no logra quedar detenido"
En esta línea, Espina sostuvo que "la impunidad que existe en estos delitos, más que la cantidad de delitos, es la impunidad con que quedan. La manera de desentrañar es haciendo esta investigación que dice relación con qué pasa con esos detenidos, qué está ocurriendo, por qué está fallando el sistema".
Para obtener estos resultados, el parlamentario ya envió un nuevo oficio a las policías para que detallen por qué delitos se ha detenido a las personas. Además, prepara una petición dirigida a la Fiscalía para que se explique qué ocurre con los ciudadanos detenidos y las medidas cautelares que se han aplicado tras la detención.
Consultado sobre si es posible modificar la ley a través de la vía legislativa, el senador indicó que "se podría mejorar estableciendo la obligación de la Fiscalía de informar a las policías qué ocurre con la persona que ellos detuvieron, si realmente quedaron en prisión preventiva o en libertad, porque este es un dato fundamental para la prevención del delito".
En este contexto, durante las próximas sesiones de la comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana del Senado, Espina planteará dicha modificación y solicitará que se cite
a Carabineros y al Ministerio Público para que entreguen detalles del funcionamiento del control preventivo de identidad a casi un año de su entrada en vigencia.
