Según cifras del tablero penal del Poder Judicial, desde 2010 a junio de este año los tribunales han revisado y resuelto 927 casos por delito de incendio de bosques, cuya penalidad va de cinco años y un día hasta 20 años de cárcel. De este universo, sólo el 5,5 % (55) de éstos terminó en una sanción condenatoria al culpable, mientras que en una gran parte de estos procesos, casi un 60%, la fiscalía decidió no indagar o no siguió adelante con la investigación y, por lo tanto, no fueron llevados a juicio (ver infografía).
"Sabemos que cada vez que hay incendios se interponen querellas, pero nunca se sabe en qué terminan. Si más del 90%% son provocados por personas, se debieran destinar más recursos para investigación permanente de las policías. El que existan condenados, sin duda, ayudará a inhibir que la gente sea descuidada con el fuego o a que lo prenda con intención", puntualiza Jorge Castro, alcalde de Valparaíso. Su comuna sufrió el megaincendio de abril de 2014 -el siniestro urbano más grande a la fecha-, que se propagó desde un área de bosques hacia la ciudad.
Si bien aún sigue siendo bajo el número de causas que terminaron con culpables identificados y sancionados -sólo 55 de 927 ca-sos-, la cantidad de causas revisadas en tribunales que fueron ingresadas por este delito al sistema judicial aumentó en un 139% entre 2010 y 2015, pasando de 87 a 208.
"Cuando se denuncia un incendio, el Ministerio Público ordena periciar el lugar donde este se origina, y estas pericias pueden confirmar o descartar intencionalidad. Pero de ahí a atribuir responsabilidad a alguien es donde se presentan mayores dificultades", afirma el fiscal jefe de San Bernardo, Gamal Massú. "El que provoca un incendio no se va a quedar a presenciarlo, y también es difícil que haya testigos del momento en que el fuego se inicia", agrega Massú.
Por eso, sería vital el aporte de las comunidades. "La cifra de condenados es baja, porque el mismo fuego arrasa con las pruebas. Los culpables se libran de ser detectados, salvo que sean sorprendidos in situ por la propia gente que nos avisa de actitudes sospechosas para retenerlos hasta que llegue la policía. Eso nos ocurre a menudo", explica Miguel Reyes, presidente nacional de Bomberos.
Según Conaf, el 99,7% de los siniestros en Chile son causados por el hombre, y el 0,3% por la naturaleza, como lo que ocurre con las "tormentas secas" (con rayos). El encontrar y sancionar a los autores, tengan o no la intención de generar incendios, sigue siendo complejo para la justicia, pese al aumento sustantivo de las sanciones.
"Las personas que roban se preocupan de no ser vistas ni ser detectadas. Lo mismo pasa con alguien que intencionalmente quiere hacer fuego, porque sabe que eso tiene una sanción, pero que ve facilitado su delito al estar en espacios muy extensos y aislados", explica Aarón Cavieres, director ejecutivo de Conaf.
Para endurecer las penas, desde 2013 se modificó la Ley de Bosques, cuerpo legal complementario al Código Penal. Esta normativa sanciona las quemas ilegales, el uso indebido de fogatas en áreas silvestres protegidas o causar incendio por negligencia, con penas de cárcel que puede llegar a cinco años y multas en dinero de hasta 200 UTM.
Antes de 2013, la ley no sancionaba a las personas que sin intención causaban incendios forestales de grandes extensiones. Hoy, la negligencia también es perseguida con cárcel y multas. "Si bien la posibilidad de ser detectado es baja, las sanciones actuales son mucho más altas, lo que es un factor inhibitorio muy relevante. Hasta 20 años de cárcel si se aplica el Código Penal y se comprueba la intencionalidad", señala Cavieres.
Brigadas de investigación
Pese a las reformas punitivas, los siniestros siguen en alza, con más de 28 mil hectáreas destruidas este año, un 1.754% más que en la temporada anterior.
Para prevenir, y ayudar a identificar causas y responsables, esta semana los fiscales de la Zona Occidente, Conaf, Onemi y las policías decidieron coordinarse en un frente común y reflotar las antiguas brigadas de detección de causas de Conaf. Con un presupuesto de $ 400 millones adicionales a los recursos para el combate de incendios, estos expertos de tiempo completo se instalarán desde Valparaíso a La Araucanía para investigar el 100% de los siniestros de alta connotación pública.
"Se trabajó en un protocolo para que tras la denuncia de incendio, la información llegue a la fiscalía mucho más rápido y así hacer más eficaz la concurrencia al sitio del suceso y la ejecución de las primeras diligencias", agrega el fiscal Massú.
Esta mayor coordinación reduciría la posibilidad de que estos delitos queden impunes, para lo cual se eliminarán ingresos irregulares a los parques y el Ministerio Público tendrá acceso en línea de todas las quemas autorizadas, así como a los sistemas de información digital de Conaf que permiten modelar el inicio y extensión de cada incendio, entre otras medidas de apoyo tecnológico.
