Una amplia mayoría de los portugueses ha perdido la confianza en su gobierno y rechaza la adopción de más medidas de austeridad, según se desprende de una encuesta divulgada hoy por varios medios lusos.

El sondeo, realizado por Eurosondagem en base a más de un millar de entrevistas, apunta que cerca de un 70% de los ciudadanos ya no confía en el ejecutivo conservador luso, elegido en las urnas en junio de 2011.

Este mismo porcentaje considera que los recortes ya sobrepasaron "los límites que se podían soportar", un dato que se conoce apenas unos días antes de que se debata en el Parlamento la propuesta de Presupuestos del gobierno para 2013, y que incluye un significativo aumento de impuestos.

Interrogados sobre si los "sacrificios" exigidos a los portugueses han sido bien distribuidos entre las diferentes clases sociales, un abrumador 86% de los encuestados consideró injusto este reparto.

Las primeras diferencias surgidas en el seno del ejecutivo, formado por la alianza de socialdemócratas (PSD) y democratacristianos (CDS-PP), también han calado en la sociedad lusa, a tenor de este sondeo, y más de la mitad de quienes participaron auguró elecciones anticipadas.

El sondeo, sin embargo, también muestra cierta resignación entre la población lusa -10,5 millones de personas viven en el país-, ya que un 36% de los encuestados admitieron que no existen alternativas a la adopción de más medidas de austeridad para reducir el déficit público hasta los niveles comprometidos con la troika.

En cuanto a la intención de voto, el Partido Socialista, actualmente principal grupo de la oposición, volvería a ser ahora el más votado (34,8% de los apoyos), casi cinco puntos más que el PSD.

En apenas un mes, esta distancia entre ambos partidos se ha incrementado en cuatro puntos.

Portugal atraviesa en la actualidad la considerada como peor crisis desde la llegada de la democracia, en 1974, y esta misma semana están previstas varias manifestaciones y protestas en contra de la política de ajustes del gobierno.

El ejecutivo luso, por su parte, defiende la necesidad de continuar con los recortes para respetar lo acordado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que prestaron al país 78.000 millones de euros a cambio de un severo programa de reformas que pretende modernizar su economía.