Si intentar eliminar el lucro desde el sistema escolar parecía una tarea compleja para el Ministerio de Educación, la idea de algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría de tipificarlo como delito y sancionarlo con cárcel se ha transformado en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno.
El tema no estaba contemplado en el proyecto de ley que regula la admisión, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los colegios que reciben aportes del Estado; ni tampoco en las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Pero con la venia del ministro Nicolás Eyzaguirre, los diputados de la Nueva Mayoría que integran la Comisión de Educación, junto al independiente Giorgio Jackson (RD), presentaron una indicación que apunta a castigar con presidio menor en su grado medio a máximo a sostenedores que retiren utilidades.
A juicio del presidente de Conacep, Hernán Herrera, la propuesta "es delirante, porque no esta imperando la sensatez en el gobierno y en algunos parlamentarios". Y agregó que "llevar a un sostenedor a la cárcel me parece una medida descuadrada".
Herrera agregó que "con este tipo de acciones queda demostrado que el gobierno quiere sacar a los privados de la educación". Y según planteó, "nos están apretando por todos lados, quieren poner sanciones con cárcel, nos quieren obligar a responder con nuestro patrimonio y nos preguntamos por qué no se exige de la misma forma a los sostenedores de los colegios públicos, que son los alcaldes, cuando por ejemplo hacen mal uso de la SEP o cuando no pagan las cotizaciones previsionales".
Desde la Conacep plantearon que confían "en el buen criterio de los parlamentarios y del Ejecutivo no esperamos nada, porque el ministro aparece apoyando la indicación después de que no estaba ni siquiera contemplado el tema". Herrera criticó que "la Presidenta (Michelle Bachelet) habló de gobernar sin temores, pero vemos que le tienen miedo a la calle, a la Iglesia y a la bancada estudiantil".
Ayer, al finalizar la sesión de la comisión donde se vota el proyecto en particular, Eyzaguirre dijo que la indicación "establece lo que en la jerga común dice ley pareja no es dura, esto es que todos los que administran fondos de terceros, en la medida que hagan un uso inadecuado de esos fondos (...), hay todo un proceso con todas las garantías, que pueda ir escalando, pero que muy improbablemente termina siendo en la pena efectiva".
Inconstitucionalidad
Con las críticas de los sostenedores coinciden los diputados de la Alianza, quienes presentarán una reserva de constitucionalidad si se aprueba esta indicación, según María José Hoffmann (UDI).
Su par Jaime Bellolio (UDI) dijo que "no se puede introducir un tipo penal nuevo sin determinar con exactitud a qué se refiere". "Tampoco cabe la figura de malversación, ya que ese es un delito funcionario, y el sostenedor no es funcionario de gobierno", agregó.
Si se aprueba el proyecto, con la propuesta de sancionar el lucro con cárcel, en la Alianza advirtieron que acudirán ante el Tribunal Constitucional, para lo cual necesitan la firma de 30 diputados.
En tanto, el abogado de Conacep, Eduardo Escalona, criticó que "es de tal imprecisión la descripción de la conducta, que sería inaudito aprobar una norma que permitiría, en los hechos, estar sujeto a la voluntad de un funcionario del gobierno de turno para iniciar una investigación con implicancias penales por lo que él califique como un propósito distinto a fines educativos".
