A principios de este año, cuando faltaba poco para marzo y con ello para que se cumpliera un año desde la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, se aprobó una iniciativa legislativa apodada "miscelánea". Esta abordaba diversas modificaciones a leyes educacionales, entre ellas, a la emblemática norma que busca poner fin al copago, la selección y el lucro en los colegios que reciben fondos públicos. Las modificaciones se dieron tras una serie de demandas de parte de los sostenedores, quienes acusaban problemas para cumplir con las exigencias. Incluso un grupo de senadores de la Nueva Mayoría envió una carta pidiendo modificar la emblemática reforma, que impacta a alrededor de 6.000 colegios que actualmente reciben subvención.
Pese a las modificaciones, los sostenedores siguen sin estar conformes. La Ley de Inclusión original obliga a quienes quieran seguir siendo subvencionados, a transformarse en entidades sin fines de lucro y ser dueños del inmueble donde está emplazado el establecimiento a 2021. La llamada ley miscelánea amplió el plazo, de marzo a junio de este año, para que los sostenedores notifiquen si desean continuar siendo subvencionados. Así, en esa fecha deben informar si se sumarán al régimen de gratuidad escolar, si desean convertirse en entidades particulares pagadas o cerrar.
Además, la normativa miscelánea extendió la fecha en la cual deben ser dueños del inmueble a 2023 y aquellos que inicien el proceso de transformación antes del 1 de julio próximo, tendrán diez años en total, es decir, hasta 2027.
Pero, para los sostenedores, todos estos cambios no solucionan la problemática de fondo. Por eso, según explica José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada (Conapas), sostendrán un gran encuentro nacional el próximo 6 de abril en el que no sólo acordarán una serie de demandas conjuntas, sino que también analizarán medidas judiciales.
"No se logró nada, sólo se creó más incertidumbre porque se prolongaron plazos sin modificar los problemas reales. En el encuentro vamos a tomar decisiones gremiales, establecer un pliego de demandas y analizar tomar acciones legales, ver qué estrategia conviene para eso. Está la posibilidad de demandar al Estado", señala Valdivieso.
¿De dónde viene el descontento? De los obstáculos denunciados desde un principio, dice Valdivieso: "El gran problema es cómo van a quedar parados los colegios. Hay establecimientos que arriendan a terceros y éstos no están interesados en seguir alquilando a una corporación, por lo tanto, el colegio no tiene dónde seguir funcionando. Otros arriendan y tienen que comprar, pero los dueños no quieren vender. También está el problema de que los bancos no quieren otorgar préstamos".
Según la Ley de Inclusión, los sostenedores pueden adquirir el inmueble donde funciona el colegio de dos formas: recurrir a un préstamo bancario con garantía de Corfo o adquirirlo por cuenta propia. Para el pacto de compra se pone un tope máximo de 25 años .
Hernán Herrera, presidente de Colegios Particulares de Chile (Conacep) enfatiza que "la ley miscelánea estableció mejores condiciones para que la banca participe, pero aún no tenemos conocimiento de qué instrumento se usará para la compra. Hay que entender que los bancos prestarían dinero para adquirir el inmueble, pero esto ya no será un crédito hipotecario, será un crédito educacional, por lo tanto hay que crear una herramienta y no sabemos qué condiciones establecerá ésta, qué tasas aproximadas vamos a tener".
Según José Valdivieso, sólo BancoEstado ha informado que está dispuesto a otorgar créditos. Por otro lado, algunos critican que no se permita el arriendo de los inmuebles. "En definitiva, habría casos en que no se puede continuar con el proyecto educativo y ahí se produce un problema grave. Las cláusulas de los convenios firmados con el Mineduc por la jornada escolar completa señalan que si el sostenedor deja de prestar el servicio educativo debe devolver los fondos. Pero en estos casos la voluntad de cerrar no es del colegio, sino del ministerio que con las normas de la Ley de Inclusión no nos permite seguir funcionando", señala Valdivieso, quien remarca "que estos casos hay que analizarlos y ver si hay posibilidad de recurrir a la justicia".
Hernán Herrera coincide en que hay conflicto con la devolución de estos fondos. "Los colegios suscribieron un convenio con el ministerio. Allí, el establecimiento se comprometía a que iba a seguir proveyendo de educación por un plazo, y lo que entendemos los sostenedores es que en la medida en que sigas dando educación en los mismos términos, no deberías reembolsar este saldo", dijo el representante de la Conacep. Enfatiza que "la ley dejó establecido que tienes que devolver estos fondos y ahí lo más probable es que alguien sienta que sus derechos está siendo conculcados y vayan a los tribunales. Pero esas son iniciativas individuales".
En cuanto a la posibilidad de llegar a la justicia, Herrera sostiene que como gremio "no podemos defenderlos a todos. Pero en la medida en que algún colegio se sienta vulnerado, o que haya inconstitucionalidad, se podría llevar el problema a la justicia".
Las visiones críticas se replican en otros sostenedores. Rodrigo Díaz, abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), manifiesta que hay varios puntos por los cuales los sostenedores podrían acudir a los tribunales y llama a "ver de qué manera una segunda normativa de adecuación a la Ley de Inclusión puede darle viabilidad a lo que se planteó como política pública".
Según Herrera, hay parlamentarios que están de acuerdo con un arriendo por un plazo indefinido, pero que esté regulado. "Para nosotros eso es fundamental, porque hay muchos sostenedores que no están disponibles a entregar su colegio a entidades sin fines de lucro".
En tanto, Rodrigo Díaz asegura que eventualmente otros actores podrían ir a tribunales. "Con el nuevo método de admisión, cuando haya apoderados que postulen a colegios a través del sistema aleatorio y no queden, podrían reclamar su derecho a elegir", indica el abogado.
