Hoy se cumple un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, iniciativa que prohíbe la discriminación y con ello la suspensión de alumnos por apariencia. La normativa, además, termina con el lucro y paulatinamente con la selección. Y, tras el primer período de esta legislación, los sostenedores mantienen sus dudas.
Lily Ariztía, gerenta de la red de colegios Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), dijo que "se ha visto un desorden de parte del Ministerio de Educación y de la superintendencia. La ley dice una cosa y los fiscalizadores, otra".
Ariztía explicó que mientras la norma permite la expulsión de alumnos bajo ciertos procedimientos, "la superintendencia en diversas ocasiones rechaza la medida, buscando maneras de decir que el colegio no ha respetado la ley". La norma también aumentó los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). "Pero se ponen trabas para usar los recursos y el colegio termina atado de manos", dijo Ariztía.
José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de la Educación Particular Subvencionada (Conapas), agregó que "hay muchas dudas respecto de la supervisión, cómo se aplica la norma y el gobierno sabe que hay inconsistencias. Respecto del uso de los recursos en fines educativos, estamos a la espera de saber cómo nos van a supervisar. Ha sido un año lleno de incertidumbre".
Antonio del Pozo, el nuevo presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, también manifestó sus dudas: "Quedan preguntas a la deriva sobre qué se hace realmente con los fondos de la ley SEP y si es que la Ley de Inclusión viene a solucionar los problemas de la educación pública".
Uno de los puntos que más controversia han causado es la regla que prohíbe la suspensión o expulsión de alumnos por su apariencia o notas. Del Pozo señaló que si bien no se ha suspendido a alumnos, ni hay casos de cancelación de matrícula, "sí se le podía llamar al apoderado y se le iban sumando faltas leves. Al sumar todas esas faltas leves, el alumno pasaba a un consejo escolar en el que sí se discutía si es que se cancelaba o no la matrícula". Así, dijo el dirigente, no se le impidió el ingreso a ningún estudiante a clases, "pero desencadenó un complejo patrón conductual en el que terminó cayendo el alumno".
En este contexto, este mes habrá una reunión de sostenedores a nivel nacional para analizar en profundidad la situación de los colegios y establecer sus demandas conjuntas al Mineduc, en pos de cambios a esta legislación.
Respecto de las críticas, la Superintendencia de Educación señaló que "la Ley de Inclusión propone un cambio cultural sustantivo en el ordenamiento del sistema escolar y su implementación gradual supone un período de tiempo de adaptación".
Respecto del uso de recursos, dijo que "se han puesto en marcha los primeros mecanismos en materia de transparencia financiera, donde destacan ajustes a la plataforma de rendición de cuentas, registro de cuentas bancarias de uso exclusivo y un proceso de consulta a sostenedores". En este punto, la superintendencia aseguró que se les está consultando "si determinado gasto se encuentra ajustado a los fines educativos, según lo que estableció la Ley de Inclusión".
