La agencia de calificación financiera Standard  & Poor's rebajó este miércoles la nota de la deuda crediticia de siete regiones  de España, tras recalificar al país el 10 de octubre en "BBB-", a sólo un nivel  de la categoría de deuda de riesgo.

Cinco regiones, las de Madrid, Galicia, Canarias, Andalucía y Aragón,  fueron rebajadas a "BBB-", al mismo nivel que la calificación de España, pero  la agencia dijo que confía en la capacidad del gobierno para "hacer frente a  los vencimientos de deuda" de las comunidades autónomas.

Las ciudades de Madrid y Barcelona también fueron rebajadas a "BBB-".

Al igual que para la nota de la deuda de España, la agencia acompañó esta  decisión con una perspectiva negativa, lo que significa que podría rebajar a  mediano plazo la calificación de la regiones y ciudades en cuestión a la  categoría especulativa. El martes la agencia hizo lo mismo con la provincia de  Barcelona.

La calificación del País Vasco y Navarra también fue rebajada pero  conservan no obstante una nota superior a la de España: "BBB+".

Aunque la salud financiera de las regiones españolas es fuente de inquietud  entre los inversores, la agencia de calificación confía en la capacidad del  fondo de rescate recientemente creado por el gobierno.

La decisión de colocar la calificación de cinco regiones en el mismo nivel  que la de España, y no por debajo, "refleja nuestro punto de vista según el  cual el gobierno central es capaz de hacer frente a los vencimientos de la  deuda de las regiones y a financiar su déficit fiscal", subrayó S&P.

La perspectiva negativa que acompaña la calificación encuentra su sustento  principalmente "en la posibilidad de que los fondos no funcionen como  previsto", por ejemplo "si el gobierno no inyecta el dinero a un ritmo  suficiente para garantizar las necesidades de financiamiento" regionales.

Seis regiones de España ya anunciaron que pedirían la ayuda del fondo de  rescate por una suma de 16.600 millones de euros, de un monto total de 18.000  millones de euros.

Cataluña reclamó 5.023 millones de euros, Valencia dice que necesita 4.500  millones de euros y Andalucía 4.900 millones.

Castilla la Mancha anunció que pediría una ayuda de 848 millones de euros,  Murcia previó reclamar 527,9 millones y Canarias 756,8 millones.