En la audiencia de formalización del jueves 30, que dejó con arresto domiciliario al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, su abogado, Samuel Donoso, dedicó sus casi los 90 minutos de intervención, a explicar que su defendido no tuvo intención de defraudar al fisco, sino, a lo más, financiar actividades políticas.

"En los casos que se le ha imputado a Patricio Contesse de haber financiado actividades políticas, podrá configurarse la intención de aquello, pero no es posible construir la voluntad de que mi defendido pretendía evadir impuestos", fueron las palabras usadas por el abogado de Contesse.

En ese sentido, los argumentos esgrimidos, contradicen las afirmaciones que han realizado varios de los emisores de boletas o facturas. En su mayoría, ellos han afirmado que los servicios se prestaron y que  los dineros no fueron destinados a campañas políticas.

A su vez, la afirmación  también complica a aquellos imputados que han optado por guardar silencio al momento de ser requeridos por la fiscalía para entregar su testimonio.

Al ser consultado, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, constata que en las palabras de Donoso, hay una contradicción con los imputados. "Sin lugar a dudas hay opiniones que son completamente contradictorias. El girador de la boleta que dice que prestó un servicio al contratado, y el contratante de ese servicio que, a través de su abogado, dice que eso no es así. Hay un manto de duda, y no solamente de carácter judicial, hay una duda política razonable que tendrá que esclarecerse", afirma. el jefe del PS.

Por su parte, el abogado Cristóbal Bonacic, defensor de uno de los hijos del senador DC Jorge Pizarro, Sebastián Pizarro, como también del ex edil Pablo Zalaquett  y su ex jefa de campaña, Carmen de Castro, explica que hay casos y casos.

"No todas las situaciones mencionadas dentro del contexto de la investigación que lleva el Ministerio Público en la llamada arista SQM son análogos. En algunos se apoyó a los candidatos mediante el pago de algún gasto, lo que se ajusta perfectamente a la ley, y en otros, existe una contratación real, con servicios efectivamente prestados", dice.

Bonacic no hace referencia  a lo que, por ejemplo, ocurrió en la arista Penta, donde emisores de boletas transfirieron los fondos íntegramente a campañas políticas.

El mismo Donoso explicó en su intervención, que 18 personas, de un total de 181, eran quienes (según las diligencias de la fiscalía) habían afirmado haber prestado servicios a SQM. Y que había un gran porcentaje de estas personas de los que no se sabe nada porque guardaron silencio.

Donoso hizo una salvedad con Marcelo Rozas, a quien Sebastián Pizarro dijo ante el SII, que le entregó asesorías verbales al ex embajador, funcionario de la minera. "Marcelo Rozas sí trabaja para SQM", dijo el abogado.

Entre sus argumentos para desestimar que Contesse había intentado perjudicar al Fisco, Donoso advirtió que si hubo algún financiamiento político no contemplado por la ley, dicha falta se encontraría prescrita. "En el caso de los eventuales delitos de financiamiento de partidos, esa conducta está prescrita", dijo el abogado.

En la investigación aparecen boletas de funcionarios de la UDI que presumiblemente fueron emitidas para financiar el funcionamiento permanente del partido.