"Me gusta mi trabajo, me siento orgulloso de haber llegado a el a través de un concurso, pero nunca dejo de pensar en Chile", dice Mario Marcel, desde Paris, donde ejerce el cargo de subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). "Afortunadamente, como Chile es un miembro muy activo de la organización y mantiene un interés en los temas de gobernabilidad, también tengo la oportunidad de trabajar para el país, aunque esté lejos", agrega. Pero la lejanía no se nota en el análisis que hace de diversos temas, a lo que suma una mirada global, en parte gracias a la relación y al diálogo que desarrolla con los responsables de política de los 34 países miembros de la Ocde.
Cuando baja el precio del cobre surgen, entre otras, las inquietudes sobre la interrelación de la cotización del metal rojo con la economía y también si nos afectaría la "enfermedad holandesa". ¿Qué mecanismos podrían ayudar a que la economía pueda, en alguna medida, soslayar el impacto de una baja en el precio del cobre?
En Chile el precio del cobre está fuertemente correlacionado con dos variables: el tipo de cambio y la demanda interna. Ello sigue ocurriendo, pese a los avances en la estabilización de los ingresos del cobre en el sector público. Por el primer factor, no cabe duda de que la enfermedad holandesa nos afecta; el segundo mecanismo está menos estudiado, pero es una realidad estadística. Es importante que entendamos que esto pasa porque Chile no ha sido suficientemente activo en diversificar su economía, sea en tiempos de buen precio del cobre o de malo. La experiencia de muchos países indica que para esto se requieren recursos y políticas potentes y de largo plazo. Cuando se creó el royalty a la minería se buscaba avanzar en esta dirección, pero las políticas y las instituciones para hacerlo terminaron siendo demasiado volátiles. Ojalá que ahora, cuando comienza a verse el fin del largo ciclo de precios del cobre, que se ha extendido por 10 años, seamos capaces de responder mejor.
¿Hay estudios que permitan dimensionar la relación que existiría entre alza de impuestos y crecimiento, es decir, si un aumento tributario impacta en la expansión de la economía?
Se han hecho muchos estudios sobre este tema, con un balance poco concluyente. La razón es que más importante que el nivel de la carga tributaria es la composición de la misma y el diseño del sistema tributario. Sistemas con baja carga tributaria, pero de complejo diseño, con grandes diferencias de tasas, numerosas excepciones e impuestos que gravan factores móviles, pueden perjudicar más el crecimiento que sistemas con una estructura tributaria simple, de fácil cumplimiento y fiscalización, y una carga tributaria mayor. Un buen ejemplo de lo último son los países nórdicos, que aún con altos impuestos se ubican entre los países más competitivos del mundo.
¿Estima necesario abocarse a la tarea de una nueva reforma previsional o el actual sistema sólo requiere ajustes?
En 2008 se aprobó una reforma muy importante, que cambió la estructura del sistema de pensiones desde uno basado exclusivamente en la capitalización individual a un sistema multipilar, que combina un régimen contributivo obligatorio (de AFP) con un pilar solidario de carácter público y un sistema de ahorro voluntario. Esa reforma no pretendió ser única y final. Prueba de ello es que se explicitó sus metas, de modo de poder evaluar después de un tiempo si se iban a cumplir y, si no, impulsar nuevos ajustes.
¿Cuál es el balance hasta ahora?
De esas metas la que se ha cumplido con mayor claridad es la de eliminar el riesgo de pobreza en la vejez, con casi 600.000 beneficiarios de la pensión Básica Solidaria. Sin embargo, la otra gran meta de la reforma -lograr tasas de reemplazo del orden del 70%- podría no cumplirse bajo los parámetros actuales. Esto es algo que afecta claramente a los sectores medios de trabajadores y debería ser el foco de un ajuste adicional en el sistema.
¿Cómo podría ser llevado adelante este ajuste?
Tal ajuste puede articularse desde el pilar solidario, el sistema de capitalización, o ambos, pero a mí me parece que el problema principal a abordar es el de reducir las lagunas previsionales que afectan también a este sector, porque sin cotizaciones no hay sistema de pensiones que funcione.
Usted se ha manifestado partidario de crear una AFP estatal...
Yo soy partidario de una AFP estatal que tenga como mandato incorporar a más trabajadores al sistema y asegurar la continuidad de sus aportes. Existen a este respecto precedentes en Chile y en otros países. En Chile, el IPS cumple en buena medida esta función respecto de la Ley de Accidentes del Trabajo, incorporando a trabajadores de pequeñas empresas que son dejados de lado por las mutuales. Muy cerca de Chile, en Uruguay, la AFP estatal ha cumplido una importante labor en aumentar la cobertura del sistema de pensiones. Es bueno que miremos esto con menos prejuicios y más pragmatismo. Por las regulaciones que tiene el sistema, una AFP estatal no va a dilapidar los ahorros de los trabajadores en malas inversiones ni tampoco va a generar rentabilidades estratosféricas, pero sí puede hacer una diferencia llegando a quienes las otras AFPs no pueden o no quieren llegar.
¿El sistema presentaría mejoras si la comisión que se paga a las AFP fuera ligada a la rentabilidad del fondo de pensiones?
Lo más importante en materia de comisiones es reducir los costos y lo que se cobra por funciones distintas de la administración de fondos, incluyendo la administración de cuentas y el marketing. El resultado de las licitaciones de nuevos afiliados es que es posible funcionar con comisiones sustancialmente menores a las que cobran la mayoría de las AFPs.
Recientemente se anunció un proyecto que destinará una parte de la cotización del seguro de cesantía al fondo de pensiones ¿Qué opinión le merece esta propuesta?
Es una medida positiva, porque mientras el seguro de cesantía está sobrefinanciado, la tasa de cotización para pensiones en Chile es baja en relación a los estándares internacionales, tal como lo muestran las cifras comparadas de la OCDE a este respecto.