Cuatro meses como subsecretario de Justicia lleva el abogado Nicolás Mena. Llegó al ministerio con el cambio de gabinete, que coincidió también con el arribo del nuevo titular del Ministerio de Justicia, Jaime Campos, a quien subrogó en el cargo mientras él estaba de vacaciones.
Fue durante esa suplencia que le tocó enfrentar las críticas a Gendarmería -entidad a cargo del Ministerio de Justicia-, tras la fuga de un reo desde el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en la cual un delincuente tomó como rehén a un juez para facilitar su escape. "Es un hecho aislado", dice Mena, quien adelantó los desafíos de la cartera para este año, donde los cambios al Servicio Nacional de Menores (Sename) son uno de los ejes principales.
Llegó a un ministerio convulsionado. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que sucedió en esta repartición?
Que este había pasado de ser un ministerio sectorial reconocido anteriormente por cosas buenas, como la Reforma Procesal Penal, la Ley de Filiación, con ministros que terminaban muy bien evaluados, a un ministerio que mutó a ser caracterizado por parte de la ciudadanía más vinculado a conflictos, como problemas en distintos servicios. A partir de ese diagnóstico, con el ministro y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, empezamos a trabajar en vista de institucionalizar la gestión, en donde también tuviésemos muy claramente definidos los roles entre lo que era ministerio y lo que era el servicio dependiente.
Uno de esos servicios es el Sename, que ha sido muy cuestionado. ¿Qué se está haciendo para fortalecer esta institución?
Nosotros tenemos una excelente directora (Solange Huerta), que es una persona extremadamente competente y trabajadora. Ella dio inicio a un trabajo de ordenamiento interno y comenzó una interrelación con distintos sectores públicos, como Salud, Educación, Cultura, entre otros. A eso sumémosle que se le entregaron $ 2.500 millones el año pasado, que fue una inyección importante de recursos, destinados principalmente al mejoramiento de infraestructura de nuestros centros y eso ha significado un avance sustantivo respecto de la situación que teníamos antes.
¿Cómo se pretende implementar esta iniciativa anunciada por la Presidenta, de transformar el Sename y dividirlo?
De todas maneras. En marzo ingresaremos los proyectos que permitirán la división del Sename, los que tendrán un trámite que demorará un tiempo. Esta iniciativa tendrá también un costo, ya que hay que hacer el traspaso del organismo a estos dos servicios, para luego establecer los marcos jurídicos con los cuales se van a regir. Lo más importante es que estos, además, serán complementados con una reforma a la ley de subvenciones, estableciendo todo un sistema que va a permitir darles una protección a los menores muchos más acorde de lo que se requiere actualmente.
¿En qué consistirán estos proyectos, más allá de que la protección de derechos quedará en manos de Desarrollo Social y responsabilidad penal adolescente en Justicia?
Esto también va a estar en red con municipios. Aquí va haber todo un sistema de protección de los niños que permitirá, además de la labor realizada por el servicio, que a los menores se les pueda diagnosticar algún tipo de maltrato, ya sea porque fueron a un consultorio o porque en el colegio se supo por parte de los educadores que hubo algún tipo de abuso. Esto significa que al mismo tiempo de que haya una alerta para el sistema, nos hagamos cargo de esos niños y darles la protección que requieren. Estamos en el desarrollo del proyecto, aunque hay una serie de cosas más específicas que estamos trabajando, pero preferiría no dar la información, porque estamos aún en proceso.
Voto en la cárcel
¿En cuanto a la fuga del reo desde tribunales, surgieron algunas iniciativas en la mesa de trabajo que se conformó con el Poder Judicial?
Surgieron alternativas interesante, como implementar algún sistema más tecnológico de declaración sin necesidad de que esté presencialmente el imputado en el tribunal ante alguna diligencia. Por ejemplo, una videoconferencia permitiría disminuir la cantidad de traslados de Gendarmería, que es una gran institución.
¿En este trabajo de integrar tecnología y otras herramientas de trabajo en las cárcel, cómo se pretende implementar el fallo de la Suprema que establece el derecho a voto de algunos reos?
Tendremos una reunión en marzo con el Servel para ver cómo implementar esto, ya que no es fácil, sobre todo en las elecciones más territoriales, como parlamentarias y municipales, donde el domicilio electoral de la persona que esta cumpliendo sentencia es distinta a la del recinto penal.