Con el objetivo de profundizar los conocimientos necesarios para la aplicación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo en los casinos de juego, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevaron a cabo en Santiago el primer seminario nacional sobre esta materia.

La actividad se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones en octubre del año pasado, el cual busca fortalecer la labor preventiva para evitar que esta industria sea usada para dar la apariencia de legitimidad a activos provenientes de actos ilícitos y de esa manera robustecer el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el que participan actores del sector público y privado, tal como ocurre en los países desarrollados.

En el seminario, que contó con la presencia de más de 80 representantes de los 25 casinos de juego que existen en Chile, expusieron el Superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva;  la Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic; el Gerente General de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Rodrigo Guiñez; y el Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, José Gutiérrez.

Cabe recordar que en 2007, la SCJ y la UAF instruyeron a todos los casinos de juego la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), el que contempla la política de conocimiento y registro de clientes, el establecimiento de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la definición e implementación de normas preventivas del lavado de dinero en la selección y capacitación de su personal, y la implementación de auditorías internas que evalúen el sistema.

En Chile son 25 los casinos de juego autorizados para funcionar, 18 pertenecientes a la nueva industria regulada y fiscalizada por la SCJ y 7 casinos municipales supervigilados por la municipalidad donde se localizan, todos los cuales son sujetos obligados a entregar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, al igual que otros 34 sectores económicos. En total son 1.657 los sujetos obligados registrados y que deben entregar reportes a la UAF, entre los que se encuentran los bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones, casas de cambio, casinos de juego, usuarios de zona franca, agentes de aduana, notarios y otros.