La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), comenzó este viernes su funcionamiento con plenas facultades de fiscalización y sanción.
Dada la implementación de la nueva normativa ambiental en Chile, la SMA se convierte en el organismo responsable de velar por el cumplimiento ambiental en todo el país, a través de una fiscalización estratégica, apoyada por un equipo altamente especializado y tecnología de punta.
Con la implementación de los Tribunales Ambientales, el organismo asume en plenitud el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.
"Este es un hito en la instalación definitiva de la nueva institucionalidad ambiental. Hoy el país cuenta con una Superintendencia que velará por el cumplimiento de la normativa ambiental, protegiendo el medio ambiente y la salud de los chilenos", comenta Juan Carlos Monckeberg, Superintendente (S) del Medio Ambiente.
FISCALIZACION
La SMA ha establecido un sistema de fiscalización estratégica, plasmada en los programas y subprogramas de fiscalización ambiental. En estos se priorizan los proyectos, actividades o fuentes que potencialmente puedan generan impacto en 4 temáticas clave: asuntos atmosféricos, asuntos hídricos, sistema de vida de las personas y biodiversidad.
INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO
La función de la SMA es promover el cumplimiento de la ley ambiental. Para ello se pone énfasis en los programas de fiscalización, en los que se utilizará tecnología de punta e innovadores equipos, en los que la Superintendencia ha invertido casi $400 millones, realizando compras de equipos provenientes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rumania, entre otros.
En caso de detectarse infracciones a la ley ambiental, las multas aumentan 240 veces respecto a las que se aplican actualmente, llegando hasta 10.000 UTA, unos US$10 millones. El Superintendente podría decretar el cierre en forma temporal o definitiva de los proyectos, actividades o fuentes donde se registren infracciones gravísimas e incluso suspender la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó su operación.
