Cada vez que una persona es diagnosticada por alguna de las 80 enfermedades Auge, el centro de salud debe notificar esta condición mediante la entrega de un formulario, que permite al paciente conocer sus derechos y garantías. Sin embargo, no todos los prestadores cumplen el proceso: la última fiscalización de la Superintendencia de Salud, señala que un 68,3% de los recintos privados notifica de manera "deficiente", mientras que en los centros públicos, esta cifra alcanza un 32,8%.
El tema preocupa en Salud, pues la notificación es clave para que el beneficiario acceda al sistema con protección financiera y plazos definidos; como tratamiento inmediato en el caso de fibrosis quística, un máximo de 30 minutos para la atención de un infarto y 240 días para la cirugía de prótesis de cadera.
El estudio -que abarcó enero a marzo de este año- incluyó el análisis de fichas clínicas y documentos de notificación en 183 consultorios públicos y 41 centros privados de atención ambulatoria, a nivel nacional. Precisamente, la entidad monitorea estos sitios porque el 70% de los problemas del Auge se resuelven en la atención primaria.
El informe establece que, en la red privada, 28 recintos notifican de manera deficiente; 10 cumplen con la norma y otros tres se desempeña de manera satisfactoria. Se detectó que hay regiones donde, simplemente, el proceso no se realiza, como es el caso de la Región de Atacama y otras donde el cumplimiento es muy bajo, como La Araucanía, con 23% y los Ríos, con 30%.
Las estadísticas muestran, además, que ha crecido la cantidad de centros públicos con fallas en la notificación: en 2009 era un 29% de los recintos, cantidad que llegó a 32,8% este año. En el sector privado, en tanto, se duplicó el porcentaje de incumplimiento, pasando de 37% en 2013 a 68% este año. (ver infografía).
El reporte indica que, tanto en la red pública como en la privada, la principal enfermedad que es notificada de manera insuficiente es la infección respiratoria aguda de los niños menores de cinco años.
Respecto a la fiscalización, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, explicó que "es preocupante que, a 10 años de la vigencia del Plan Auge, aún tengamos problemas con el acceso a la información pues, al no tener estos datos, no tienen oportunidad de ejercer sus derechos". Explicó que debido a estos incumplimientos, de los 183 prestadores fiscalizados en el sector público, se registraron 49 amonestaciones y 11 sumarios. En tanto, de 41 centros privados fiscalizados, se generaron dos amonestaciones y 26 multas.
Visiones
Consultada sobre estos casos, la ministra de Salud, Helia Molina, aseguró que a los pacientes "se les debe informar de sus derechos y del significado del problema de salud que tienen. Los equipos de salud no deberían desconocer esta normativa, pero en las clínicas, a veces es más difícil fiscalizar".
El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, dijo que algunos usuarios del área privada prefieren no hacer valer sus garantías "porque no quieren cambiar de especialista. Las aseguradoras obligan a que los pacientes usen una red específica de atención, lo que no le gusta a los usuarios. Eso hay que cambiarlo".
El Superintendente dijo que, pese a ello, "hay que informar al paciente sobre la red donde puede atenderse".
También, Camilo Bass, presidente de los médicos de la atención primaria, señaló que el escaso tiempo de las consultas, que promedia en 15 minutos, lleva a centrar la atención en tratar al paciente, lo que puede postergar el trámite.
"El Auge es importante y un derecho, pero es necesario que otro profesional de salud apoye esa tarea", afirma.
