A más del doble aumentó la cantidad de reclamos por parte de los usuarios de isapres y Fonasa ante la Superintendencia de Salud, durante el último año. Así lo dio a conocer el superintendente de la cartera, Sebastián Pavlovic, en la cuenta pública de la entidad, realizada ayer, quien señaló que la cantidad de quejas aumentó de 5.828 a 12.057, un aumento de 106% (ver infografía).
Fue el sector privado donde se vio el mayor aumento en la cantidad de reclamos, que registraron un crecimiento de 119% entre 2013 y 2014.
Por esta razón, explica Pavlovic, es que las fiscalizaciones de la Superintendencia se concentraron en el sector isapres, que fueron objeto del 55% de éstas. "Vemos que el sector privado es la fuente mayor de los reclamos que recibe la Superintendencia", dijo la autoridad y agregó que "casi un 10% de los usuarios privados han llevado a sus isapres a tribunales. Y eso refleja la necesidad de que la entidad administrativa sea capaz de resolver los conflictos de los usuarios respecto a su sistema".
Entre las materias de reclamos que se registraron en la Superintendencia el año pasado, se presentan con más fuerza el alza de precios base (35%), atención de urgencia (6%) y la negativa de cobertura por preexistencia (4%).
Asimismo, la autoridad explicó que, entre las materias fiscalizadas a la isapres, se encuentran el cumplimiento de garantías explícitas (AUGE), cobertura y bonificaciones, afiliación y desafiliación, mientras en Fonasa se concentraron en el cumplimiento de garantías explícitas.
Por otro lado, Pavlovic anunció que durante este año se reforzarán las inspecciones al sector público. "Queremos afinar la puntería muy fuertemente, tanto en materia de garantías explícitas en salud y también en materias de calidad, específicamente en lo que es acreditación".
Al respecto, Gonzalo de la Carrera, presidente de la Isapre Colmena, aseguró que esta alza en los reclamos del sector demuestran que "en Chile está pendiente una reforma a la salud, que es muy necesaria todavía, ya que el sistema asegurador, las isapres, no tienen posibilidad alguna de sobrevivir en el tiempo si el sector isapres está judicializado y no puede subir sus precios".
Por su parte, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Unab, Héctor Sánchez, pone énfasis en que "no tiene sentido que yo discrimine fiscalizando más a las isapres que a Fonasa, porque al final lo que discrimino es que fiscalizo más a la población más rica, las que tiene más recursos y más posibilidades de recurrir a la justicia y la discrimino en desmedro de los más pobres".
