Como un árbitro que está ejerciendo un rol moderador entre usuarios e isapres, se define el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, desde que se anunció la congelación de los precios de los planes de salud para los afiliados, una vía que se suma a la judicial.
La autoridad sostiene que desde esta semana, los beneficiarios comenzarán a ser informados de los reajustes de las tarifas, lo que -indica- "debe ser equilibrado por la intervención fuerte y decidida de una autoridad".
¿La decisión de congelar las alzas se debió a que un 83% de los beneficiarios tendrán reajustes?
Es una mala noticia para los usuarios, es la mayor alza de los últimos años, tras un período de utilidades extraordinarias del sistema y que, obviamente, es lamentable que termine por afectar a parte importante de la cartera. Más aún, si se toma en cuenta que parte de los afiliados está en una situación de cautividad. En abril pasado, dijimos que se iba a estudiar el alcance de nuestras facultades y la jurisprudencia de los tribunales para evaluar si era posible incorporar esos criterios en la forma de resolver los reclamos por alzas de precios. Resulta evidente que esa evaluación terminó siendo favorable a la capacidad legal de la superintendencia.
¿Cuál es el criterio base que usted está aplicando en los 82 casos que ya se han resuelto?
Que la facultad de revisar unilateralmente los contratos y reajustar los precios base debe ser aplicada de manera restrictiva y exige una adecuada justificación.
¿Por qué se eliminó el indicador que mostraba la variación del gasto en salud?
Lo que pasó anteriormente es que el Instituto Nacional de Estadísticas y la Superintendencia de Salud trabajaban para hacer algo que las propias isapres no hicieron, que es justificar sus alzas. En la práctica, en lo que se traducía ese indicador era en justificar los aumentos de precios de las isapres, cuestión para lo cual no estábamos disponibles.
¿Cómo enfrentarán una explosiva alza de reclamos?
Se reforzará la atención en la intendencia de prestadores, ese es el plan para ello. Contamos con personas dedicadas a esta materia.
Muchos usuarios consideran que las alzas en los planes son un abuso, ¿qué piensa de esa afirmación?
Consideramos que la cancha está demasiado dispareja; hay una relación de asimetría. En el caso de las isapres, está particularmente agravada por las distorsiones existentes en el mercado, con asimetrías de información muy fuertes, con una dificultad de los usuarios para poder elegir, comparar y tomar decisiones. Eso debe ser equilibrado por la intervención fuerte y decidida de una autoridad regulatoria.
¿Qué piensa de la propuesta de autorregulación que presentaron: plan de beneficios y cambios a las licencias médicas?
Creo que hay un gran mérito del gobierno de la Presidenta Bachelet: que genera un escenario político institucional que permitió que se abriera el debate y que las isapres, tan reacias a los cambios en los últimos años, hoy hayan recocido que es necesario hacer cambios al sistema.
Las reformas vendrán en el Congreso, ¿pero qué cambios propiciará la superintendencia?
No puede haber una parálisis esperando que se apruebe un proyecto de ley de reforma. Justamente por eso, desde que llegamos a la superintendencia, estamos revisando todo el rol que juega esta institución, a fin de proteger a los usuarios del sistema frente a lo que legítimamente consideran como abusos. En paralelo, creemos que las propuestas de las isapres implican un reconocimiento a lo que ha planteado el gobierno y esta superintendencia: cambios profundos. Se estudiarán las propuestas que se han hecho seriamente. Pero eso no libera de la necesidad de una revisión al sistema, que es lo que está haciendo la comisión de reforma.
¿La protección de los usuarios se había perdido en el último gobierno?
No es un misterio que teníamos una evaluación crítica del rol que se había cumplido. Nos parecía que había una exigencia de mayor presencia fiscalizadora, reguladora. El sistema de salud tiene una asimetría natural.
Como reflexión de fondo, ¿la salud es un derecho o un servicio?
Creo que el concebir la salud como un derecho no es incompatible con que hay límites financieros en su otorgamiento. La reflexión de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, las cortes de diversos países a nivel mundial, es que la salud puede y debe ser concebida como un derecho humano. Lo que no implica que no haya que hacer una reflexión sobre utilizar eficientemente los recursos.
