Ha sido un año intenso para Carlos Pavez. Para el superintendente de Valores y Seguros, sin duda, el hito positivo de este 2016 fue la aprobación en el Congreso de la creación de la Comisión del Mercado Financiero, que reemplazará a la SVS. Pero durante estos meses la autoridad también tuvo que enfrentar críticas: primero, de los que lo acusaron por no alertar de las estafas piramidales, y segundo, de los que lo apuntaron por no haberse dado cuenta a tiempo de la falsificación de valorización de activos que realizó Mauricio Peña en Aurus.
Y en la última parte del año, la gestión del regulador estuvo marcada por su rol crucial en el proceso de venta del 88% de las acciones que Oro Blanco tiene en Pampa Calichera y a través de la cual controlan el 23% de SQM. Un dictamen emitido el 22 de noviembre indicó que si el cambio de accionista significaba poder controlar en cantidad y calidad el directorio, debía lanzarse una OPA por todo SQM. Finalmente, esa y otras razones hicieron que Oro Blanco suspendiera el proceso.
En esta entrevista, Pavez recalca que en la SVS no caben opiniones sobre los controladores de las empresas y dice que no recibió ninguna presión desde el gobierno para actuar en una posición sobre SQM y su controlador indirecto, Julio Ponce.
¿Quedaron tranquilos con la resolución sobre la OPA por SQM?
Estamos muy tranquilos con la resolución que hemos adoptado y en la medida que han ido pasando los días, hemos recibido comentarios cada vez más positivos. No puedo desconocer que hubo críticas en un principio sobre la eventual poca claridad que tenía y que no nos habíamos pronunciado en términos categóricos de la procedencia o no de OPA en SQM, pero ahora se ha entendido que la respuesta es todo lo clara y entrega toda la información necesaria para quienes están participando del proceso, pero también para el resto de los accionistas. Lo que dijimos fue que si alguien adquiere ese paquete accionario tendría que lanzar una OPA por SQM en la medida que pudiera tener control efectivo sobre las decisiones del directorio. Por eso lo circunscribimos al número y calidad de los directores que tuviera capacidad de elegir.
¿Hay un cambio de criterio desde 2007 cuando permiten a Pampa firmar un acuerdo con Kowa, que los deja nombrar a cuatro directores?
No hay cambio de criterio, porque lo que estamos planteando, y se planteó el 2007, es que a través de pactos de actuación conjunta se pueda formar parte de un grupo controlador y que los integrantes, en base a las actuaciones concretas que se van observando, tienen o no la capacidad, alguno de ellos, de controlar individualmente a la compañía. Y cuando revisas tanto el pacto como las actuaciones concretas que se han verificado te das cuenta que, si bien es cierto y por ello el nombre, tienen cierto acuerdo en algunas decisiones, la elección de los directores depende de la tenencia que tiene cada uno en las distintas series de la compañía. Hay actuaciones conjuntas, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de nombrar la mayoría del directorio.
Si alguien hubiera comprado las acciones de Pampa y firmado el mismo pacto que con Kowa o con Potasios, ¿habría sido necesario una OPA?
Es difícil ponerse en el mismo escenario, porque hay que tener en cuenta el rol que podría jugar Potasios en ese futuro pacto. Hoy, por las restricciones estatutarias, nadie puede ejercer derecho a voto por más del 37,5%, por lo tanto, el grupo Ponce, por denominarlo de alguna manera, que tiene participación a través de Pampa y de Potasios, con la situación actual no puede ejercer su voto por las acciones de Potasios. Si se vendiera la participación que tiene Oro en Pampa, ese adquiriente si hubiese firmado el mismo pacto con Kowa, no puede garantizar esto, porque al final el grupo Ponce podría ejercer el derecho a voto por esas acciones que tiene en Potasios. Entonces ahí ya no es tan claro que pueda elegir los mismos cuatro directores que pueden en este pacto.
¿Cuál fue la gestión que hizo Eduardo Bitran en este proceso?
Efectivamente, alguna vez me llamó. Mucha gente llama o viene para acá, y todo está registrado en la Ley de Lobby, pero cuando son consultas muy generales, uno lo que hace es escuchar y no emitir ningún tipo de opinión. No recuerdo exactamente cuándo me llamó, pero sólo fue por teléfono, alguna vez por este tema, y debe haber sido hace bastante tiempo.
¿Desde el gobierno lo llamaron?
No, para nada.
El caso Ponce es muy político y algunos han dicho que la posición de Bitran y buena parte del gobierno era que el empresario saliera de SQM, pero su resolución sobre la OPA pareciera que frustró esos planes…
Hemos tenido, como siempre, toda la independencia del caso para analizar esto desde un punto de vista estrictamente técnico y legal.
¿No se siente responsable de que haya fracasado la operación de venta de Pampa Calichera?
Para nada. Nosotros no incidimos ni en el éxito ni en el fracaso, estas son decisiones de los particulares, nosotros estamos, no solamente obligados a responder, sino que es parte de nuestra principal responsabilidad generar la información de las distintas disposiciones de carácter normativo, independiente de quién sea el accionista.
¿Qué le parece la estructura de propiedad que tienen las cascadas?
No estamos llamados a calificar u opinar sobre la normalidad o bondad de una determinada estructura, si se ajusta a la ley, se ajusta a la ley. Otro tema es de materia regulatoria y le corresponde al legislador definir si eso es lo mejor. Como otros tipos de regulaciones, genera espacios para situaciones que son de difícil solución.
¿Es la estructura más sana y comprensible para el mercado?
Representa un desafío importante desde el punto de vista de la fiscalización. Pero uno tiene que lidiar con las disposiciones que están vigentes. Tiene algunas ventajas, y así lo ha manifestado gente del mercado, en cuanto a la flexibilidad que otorga para organizar determinadas empresas.
Se van a cumplir 10 años del pacto con Kowa, ¿habría que revisar el carácter de esta empresa, porque han funcionado en la práctica votando igual y Kowa es la principal distribuidora de SQM en Asia?
Nosotros revisamos siempre, y todo lo que son actividades de fiscalización, están sujetas a la reserva. Hasta el momento ha funcionado de una manera en que no se puede, desde el punto de vista del control, sostener que uno de los integrantes del pacto tiene el control en forma individual.
¿Cuál es su opinión sobre Julio Ponce?
No emitimos opiniones. Nosotros evaluamos hechos y las analizamos a la luz de las regulaciones. Créame que nunca tenemos en vista a las personas. Eso categóricamente, no.
¿Cómo explican que las negociaciones reservadas en la venta de Pampa se hayan hecho públicas?
Esto tiene que ver con una aplicación que tenemos para facilitar el acceso a información pública. Los hechos reservados, que están definidos en la Ley de Mercado de Valores, tienen un sistema distinto al resto de la información que nosotros recibimos, viajan por vía electrónica, encriptados, requieren claves y solamente los recibo yo y los encargados de las áreas de fiscalización tienen un acceso restringido. Lo que pasó, no tiene nada que ver con hechos reservados. Nosotros recibimos una serie de información adicional que tiene el carácter de reservado. Lo que hemos dicho, es que tuvimos un problema con la nueva aplicación, y la tenemos deshabilitada.
Pero estaba público algo reservado...
Si se accedió a información de un carácter que no correspondía, es algo que hay que determinar. Eventualmente si pasó algo de eso, tenemos que aplicar las medidas que corresponden y hacer un levantamiento de esa información.
¿Y qué medidas corresponden?
Tenemos un deber de reserva establecido por ley. Por lo tanto, si tenemos información reservada no podemos divulgar esa información. Y tenemos eventual responsabilidad penal y administrativa. No puedo decir que se ha entregado información reservada, porque eso no puede ocurrir, y por lo tanto, cuando alguien hace algún tipo de denuncia respecto de si eso puede haber ocurrido, se toman las medidas y se investiga.
¿Se deberían autodenunciar?
Las cosas cuando se hacen, también son reservadas.
