La Corte Suprema determinó que la empresa Metro debe pagar una indemnización de  $47.500.000 a autores de una obra que fue destruida en una de sus estaciones previa a ser exhibida públicamente.
 
En fallo unánime, los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal acogieron el recurso de casación presentado por los creadores de un artefacto denominado Mobile-Mobile.
 
El fallo determina la responsabilidad de la empresa en la destrucción de la obra de José Hernández Cerda y Raimundo Hamilton Cruchaga, la que iba a ser exhibida en la estación Quinta Normal, en octubre de 2007, y que fue destruida un día antes del inicio de la muestra.
 
"Que en autos la demandada no probó el cumplimiento del estándar de cuidado o diligencia debido. Su conducta no se adecuó al estándar mínimo de conducta exigible a las personas de poca prudencia y cuidado, pues el depositario Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A., no siguió un protocolo mínimo de seguridad después de haberse efectuado el robo de los celulares, como es el haber llamado a Carabineros para que hicieran las investigaciones correspondientes, o el haber desmantelado la obra artística tecnológica Mobile-Mobile sin el menor cuidado, destruyéndola completamente, o al menos haber llamado a los demandantes para avisarles del incidente. Por tanto, se infringió el deber de cuidado que las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios, configurándose de esta forma la culpa grave de la demandante", dice el fallo.
 
Durante 2007, los dos demandantes crearon la obra Mobile-Mobile –que ganó premios de diseño y tecnología-  que consistía en la instalación de varios teléfonos celulares. La  obra era parte de una muestra que se exhibiría en la estación de Quinta Normal, a partir del 6 de octubre de ese año; sin embargo, un día antes fueron sustraídos cuatro teléfonos celulares que formaban parte de la pieza, procediendo los guardias del recinto a desarmar el resto de la estructura.
 
Las indemnizaciones se dividen en: $7.500.000 por daño emergente y $20.000.000 para cada uno de los demandantes, por el daño moral provocado por la destrucción del trabajo.