Un 32% de sobrepoblación de niños y adolescentes a nivel nacional, permanente baja en la dotación de personal profesional y técnico, e insalubridad en las dependencias de los hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename) son algunas de las principales conclusiones del informe de 157 páginas elaborado por la Corte Suprema, análisis que fue encargado por la magistrada del máximo tribunal Rosa María Maggi.

El documento da cuenta de la realidad de los menores en estos recintos visitados por los jueces de familia, quienes fiscalizaron las fichas de los menores y el funcionamiento de los establecimientos residenciales de protección del Sename durante el primer semestre. No se analizaron los centros de menores infractores de ley.

Este análisis se da en medio de la investigación encabezada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga las muertes de niños en los recintos dependientes del servicio.

A ello se suma la salida de dos directores del servicio en menos de un año: primero dejó el cargo Marcela Labraña, el 22 de abril de 2016, y luego fue el turno de Hugo Herrera, el 16 de julio. Este último fue reemplazado por la ex fiscal del caso tsunami Solange Huerta.

Una de las conclusiones del informe que refleja el complejo escenario que vive la institución es la “importante sobrepoblación en algunas de las residencias visitadas a lo largo del país. Lo anterior redunda en atención insuficiente de los niños, niñas y adolescentes”.

Según un cuadro resumen que incluye el documento, la jurisdicción que registra el mayor porcentaje de residencias con este problema es Rancagua, con un 56% de sus plazas excedidas. Allí se establece que de un total de nueve centros en la región, cinco de ellos se encuentran con sobrepoblación. Le sigue Copiapó, con un 50%. Otras de las observaciones generales que realizaron los jueces fue la ausencia o escasa oferta de residencias especializadas para menores con problemáticas de salud mental.

Respecto de observaciones técnicas, los magistrados concluyeron que, respecto de las subvenciones que reciben las residencias, hay una recurrente autogestión para conseguir recursos para la mantención de los hogares, siendo insuficiente el dinero  entregado  por  el Sename.

También señalaron que existe una permanente  escasez de personal calificado,  y  largos  períodos  con  vacancia  en  cargos  de  importancia, como  psicólogos  y profesionales  del  área  social. Para suplir esta carencia de funcionarios, relatan los magistrados, reclutan a  alumnos  en  práctica  en  las  distintas  especialidades necesarias para la atención básica de los niños. A ello se suma, indicaron, una falta o ausencia sistemática de capacitación para los equipos de profesionales de las residencias. En cuanto a la infraestructura y mantención de los centros, el informe señala que “se  constata  un  alto  nivel  de  deterioro  en  la  infraestructura  que  alberga  las  residencias”.

Específicamente, dice el documento, “se advierte  la  presencia  de  basura,  desechos  y  desperdicios  en  las  dependencias  comunes, como patio, biblioteca, lavandería. Lo que resulta, a juicio de los visitantes, insalubre  y pernicioso  para los residentes”. También se alerta sobre un “notable deterioro en baños y lugares comunes en las residencias y ausencia de áreas verdes y recreacionales en las residencias”.

Al respecto, desde el Sename se indicó que “la directora Solange Huerta, quien asumió a mediados de julio, ha dado cuenta públicamente de las deficiencias a que se refiere el informe del Poder Judicial (...). Para poder mejorar todas aquellas necesidades develadas, es ineludible el trabajo conjunto e intersectorial entre organismos públicos y privados”.

En cuanto a la infraestructura, aseguraron que “se ha hecho una inversión extraordinaria para mejorar las deficiencias de las residencias, donde el 2015 se invirtió más de $ 4.500 millones para la reparación de 121 residencias, y este año se otorgó $ 3.600 millones más para los proyectos faltantes”.

Para el diputado René Saffirio (ind.), integrante de la comisión investigadora, “la Corte Suprema advierte sobre las enormes carencias de infraestructura y personal profesional y técnico. Ello va en directo detrimento de la calidad de vida de los menores y afecta los procesos de reinserción, la adopción o la inserción en familias de acogida”.

En tanto, la diputada RN Marcela Sabat sostuvo que “este nuevo informe ratifica la incapacidad y el actuar débil de este Ministerio de Justicia. A meses supuestamente de haber iniciado un proceso de modernización y  mejoramiento del Sename, no se ven resultados concretos”.

Cread pudahuel: Falta de personal y cupos sobrepasados

La visita de la jueza Soledad Vielva al Centro de Administración Directa (Cread) de Pudahuel se realizó entre mayo y junio. En su informe da cuenta que “se observó carencia de personal para las distintas labores realizadas en dependencias de los sectores transitados (...). Aun así, la tarea diaria se sigue cumpliendo con menos personal y con un porcentaje de menores ampliamente superior al planificado”. Además, Vielva sugiere que se realice una revisión de las carpetas de cada adolescente y que haya mayor control de los medicamentos que se administran, registrándolos en las tarjetas de Enfermería. Además, se debería consignar la fecha de su indicación y vigencia del tratamiento. También sugiere ampliar la cantidad de horas de atención del médico general y del psiquiatra. Asimismo, constata la falta de coordinación entre los ministerios de Justicia y Educación, al negar fondos para mantener el “Taller Escuela”, lo que se traduce en una vulneración al derecho a la educación.

Pequeño Cottolengo de Rancagua: Más coordinación con servicio

El informe de la jueza del Tribunal de Familia de Rancagua, Laura Núñez, destaca en el hogar Pequeño Cottolengo la “permanente” mejora de la infraestructura, como es la instalación de termopaneles y el progreso en el ámbito sanitario.

No obstante, sugiere mejorar los registros de las visitas y ganar mayor rapidez en el proceso de identificar las redes familiares de los menores que ingresan. Esto impacta en “demoras que aplazan la toma de decisiones de manera más oportuna, en miras a restituir el derecho a vivir en familia”, indica el informe. Asimismo, recomienda subsanar la “ falta de comunicación” entre el hogar y el Sename,  para “estar en conocimiento de los resultados de los llamados regulares respecto de la adopción de niños que se encuentran declarados susceptibles de ser adoptados”. Por este motivo, realiza un llamado a informar con mayor claridad sobre los casos que ahí se analizan y realizar reuniones de coordinación con otros programas de la red Sename.

Centro Padre André Jarlan de La Serena: Aseo desprolijo en dormitorios

El informe de la visita de juez del Tribunal de Familia de La Serena, Marcela Villegas, al Centro Padre André Jarlan se realizó en base a las visitas realizadas entre abril y comienzos de mayo. Ahí se describen las deficiencias en materia de higiene e infraestructura: “Se requiere mayor prolijidad en el aseo y ventilación en general y armado de camas (sábanas y frazadas)”.

Asimismo, advierte del “desperfecto” en la ventana de uno de los dormitorios, estableciendo que “no son reparadas rápidamente”, por lo que mantiene a un niño durmiendo en una “habitación que no está completamente cerrada”.

También describe que existen varios escombros en la residencia, los que ponen en duda la seguridad del lugar. Por esto, recomienda que se realice un pronto cambio de los menores hasta el nuevo edificio que está en renovación. Además, sugiere revisar el cierre perimetral del edificio para constatar si efectivamente es seguro.

Por esto, propone al Sename “dar las mayores facilidades para concretar a la brevedad obras de restauración de la estructura del hogar residencial. Asimismo, verificar constantemente calefacción ambiente y agua de baños, como la existencia de ventanas en dormitorios”.