La Corte Suprema emitió la mayor condena registrada por violaciones a los derechos humanos. El tribunal sentenció ayer a 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los secuestros calificados de los cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. Estos delitos ocurrieron en septiembre de 1987, siendo una de las últimas desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen militar.

El secuestro, que terminó con los frentistas lanzados al mar, fue una acción de represalia de la CNI y organismos del Ejército, luego del secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido ese año, quien estuvo 90 días cautivo a manos de miembros del FPMR. El oficial fue liberado en Brasil (ver secundaria).

Entre las personas condenadas está quien fuera el jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, quien sumó 15 años más de presidio, al igual que Hugo Salas Wenzel, mientras que las penas para otros sentenciados fluctúan entre los 10 y cinco años. Además, por primera vez hay una mujer, Ema Ceballos Núñez, que recibió una pena efectiva (10 años) por este tipo de ilícitos (ver recuadro). Uno de ellos fue absuelto y otro recibió la libertad vigilada. Este fallo confirmó las penas de la Corte de Apelaciones de Santiago.

De estos, 26 deberán hacer ingreso por primera vez a la cárcel, y no necesariamente Punta Peuco. ¿Por qué? El recinto de Tiltil sólo tiene capacidad para albergar a seis personas más, es por ello que el resto, es decir cerca de 20, deberían cumplir su condena en módulos que han sido habilitados en Colina 1.

La decisión de enviar a los sentenciados a ese penal es facultad del ministro en visita del caso, Mario Carroza, la que será tomada luego de que Gendarmería le envíe la propuesta de los recintos con cupos. Extraoficialmente, según fuentes del proceso, la institución informó que Colina 1 podría recibirlos. En el caso de la mujer condenada, aún no se determina dónde quedará recluida.

Desde el servicio, en tanto, señalaron que "la sentencia aún no se ejecuta. No podemos anunciar destinaciones de condenados mientras no sean puestos a disposición de Gendarmería. Hay recursos pendientes y debemos esperar el fallo definitivo, porque somos respetuosos de las resoluciones de los tribunales de justicia".

Para el abogado Raúl Meza, quien representa a gran parte de los condenados, "existe una alta posibilidad de que algunos se vayan a Colina 1. Los internos de Punta Peuco y sus familiares están inquietos y preocupados por la decisión que puedan tomar Gendarmería y el Ministerio de Justicia, considerando que el penal Punta Peuco llegó a su máxima capacidad". Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, dijo que "hacía tiempo que no se condenaba a una cantidad tan grande, porque son más de 30. En Colina 1 llevan bastante tiempo trabajando en el penal para los victimarios y ahí tendrán que asumir".

En esa misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que "gracias a los tribunales de justicia hoy podemos conocer una parte de la dolorosa verdad que afectó a muchos chilenos y chilenas durante la dictadura".

En tanto, para el abogado en casos de derechos humanos Luciano Fouillioux, la resolución "es muy relevante, porque se logró determinar no sólo una asociación ilícita, sino una participación múltiple , casi surrealista, para aprehender y exterminar a cinco personas indefensas". En cuanto a que algunos de los condenados cumplan su pena en Colina 1, manifestó que "el Estado va a tener que hacer mayor hotelería para personas que vayan siendo sentenciadas en estos casos, o derechamente enviarlos al cumplimiento rutinario, como todos los reos del país".