"Ojalá que las autoridades correspondientes se preocuparan mayormente, ya que este es un problema social grave en nuestro país que se puede apreciar diariamente". Con estas palabras el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó la situación actual en que está la reforma penal adolescente y manifestó que existen dificultades para que el nuevo sistema opere con normalidad.

El análisis de los magistrados se debe a que el Senado solicitó que indagaran el funcionamiento de la reforma, por lo que se conformó una comisión integrada por dos integrantes de la Corte Suprema.

Según las cifras manejadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los jóvenes codenados desde la implementación de la ley llegan a un total de 17.031 y las sanciones más recurrentes son prestación de servicios a beneficio de la comunidad (5.041),  la libertad asistida especial (3.670), amonestación (2.546) y libertad asistida (2.492). En tanto, los condenados  a régimen cerrado y semicerrado suman 2.113.

"La comisión pidió un informe de los jueces penales, quienes les manifestaron que tenían muchas dificultades desde el punto de vista práctico respecto a las internaciones de los jóvenes, puesto que no están dadas las condiciones materiales para que esta ley pueda operar. Nosotros como Corte Suprema nos preocupa este tema, hemos prestado nuestra colaboración para que esta ley funcione en su sentido originario como una ley preventiva que trate de encausar a los jóvenes, pero hasta ahora hemos observado que tiene un fin represivo", manifestó.

Durante la próximas semanas se elaborará el informe con las conclusiones que serán enviadas al Congreso.