Aurus lo negó durante el juicio penal contra Mauricio Peña, su ex gerente de inversiones: dijo que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no levantaría cargos en su contra, porque a pesar de haber indagado a la plana mayor de la administradora de fondos, toda la responsabilidad por el fraude US$ 35 millones a los fondos Insignia y Global era de Peña, quien finalmente fue condenado a 5 años de pena remitida en marzo pasado. Pero el tiempo dijo otra cosa, y el regulador levantó la semana pasada cargos contra la administradora, su directorio y ex ejecutivos, por hasta ocho cargos de la regulación del mercado de valores y sociedades anónimas.

El documento de formulación de cargos -que se encuentran bajo expresa reserva, a diferencia de otras investigaciones del regulador- consta de más de 200 páginas y desde fines de la semana pasada empezó a ser enviada a Alejandro y Sergio Furman, Antonio Cruz, José Miguel Musalem, Raimundo Cerda y Juan Carlos Délano, además de Mauricio Peña y la propia gestora como persona jurídica.

Los cargos que levantó la SVS, luego de "comprobar que existen antecedentes suficientes" para acreditarlos, son por infracciones a Ley Única de Fondos (LUF) y la circular 1.869 de la SVS, que regula el control interno de los gestores de fondos mutuos, de inversión y para la vivienda. Además, acusó entrega de información falsa al mercado y al regulador y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Particularmente, sobre la entrega de información falsa al mercado en contra de Sergio y Alejandro Furman, Antonio Cruz y José Musalem, dice la formulación de cargos, es respecto a firmar los certificados anuales que comprueban que cumplieron con todos los requisitos de la mencionada circular 1.869. "Avalaron las certifiaciones anuales requeridas (...) por la circular 1.869 que fueron remitidas los días 14 de enero de 2014, 22 de enero de 2015 y 2 de febrero de 2016, no obstante no poder menos que conocer que el sistema de riesgo y control interno de Aurus no habría satisfecho la Circular 1.869, actuando por ende con malicia, esto es, sabiendo que las certificaciones que suscribieron o avalaron, que serían enviadas a la Superintendencia, habrían sido falsas", reza del documento.

Asimismo, dice que la estructura de gestión de riesgo y control interno de la administradora, no se habría ajustado a lo dispuesto en dicha circular. Por lo que cuando firmaron la certificación anual que daba cuenta que cumplían con lo establecido en dicha circular, en enero de 2014, enero de 2015 y febrero de 2016, "no correspondía la emisión de éstas, tal como sucedió en los hechos".

Una vez notificados cada uno de los intervinientes, tendrán 15 días hábiles para presentar sus descargos ante la Superintendencia. Después de ello, la oficina dirigida por Carlos Pavez decidirá si sanciona a la administradora y sus ejecutivos y directores. Las multas que arriesgan pueden llegar hasta las 15 mil UF, unos $ 390 millones.

Esto, además, podría abrir una nueva arista penal en contra de los socios de la gestora y ex ejecutivos. Sin embargo, hasta este lunes, la formulación de cargos no llegaba al Ministerio Público. De todas maneras, el fiscal Carlos Gajardo, a cargo del caso contra Peña, revisó durante su investigación a la plana mayor y no encontró pruebas de que conocieran del fraude del ejecutivo.