A través de un CD, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) envió un total de 74 oficios relacionados con Codelco a la comisión de la Cámara de Diputados, que investiga los contratos entre la minera con partes relacionadas en los últimos 17 años.
Esto, en respuesta a una solicitud de la instancia parlamentaria hecha a mediados de septiembre, en que se requirió al organismo que dirige Carlos Pavez que remitiera todos los oficios enviados desde la SVS a Codelco desde 2009 a la fecha, petición que reiteró el pasado 5 de octubre de este año.
Gran parte de los documentos están relacionados con falta de información sobre declaraciones de patrimonio y de interés de los integrantes del directorio. Justamente, dentro de los archivos se cuentan al menos 20 oficios entre consultas de la Superintendencia y respuestas de la minera. Sobre las declaraciones de interés de los ejecutivos de la cuprera, hay al menos cinco oficios. La mayor parte del intercambio de oficios entre la SVS y Codelco ocurrió a mediados de 2006, donde la Superintendencia solicitó información de al menos 27 ejecutivos, y donde, además, se consignan respuestas de la cuprera. En 2009 se reiteró el intercambio de oficios, pero en menor medida.
La SVS también pidió información sobre el acuerdo de suministro eléctrico firmado con Colbún en 2009, la venta de participación en la mina Inca de Oro y en la eléctrica E-CL en 2010. Las movilizaciones sindicales y sus efectos en la empresa también han motivado el envío de oficios, tal como ocurrió con las manifestaciones en Chuquicamata en 2009.
Caso Contraloría
La Superintendencia también preguntó en junio de este año por los efectos que tendría para la empresa la disputa con Contraloría, la que en su momento la estatal cifró en US$ 100 millones.
El resto de los documentos apunta a precisar información financiera presentada ante la superintendencia, en temas como las memorias anuales y otros antecedentes, además de observaciones a solicitudes de inscripción de líneas de bonos.
El envío de esta información está en línea con la tesis de Codelco, que sostiene que uno de los organismos que la fiscaliza es, precisamente, la SVS. Esto, a juicio de la estatal, echa por tierra la idea de que su accionar no es objeto de controles.
