"Si alguna vez hubo algún accidente físico fue porque yo mismo no permití que ella se hiciera daño. Por ejemplo, tratar de bajarla de la ventana cuando se trató de tirar del edificio y yo la traté de bajar. Obvio que hay que utilizar un poco de fuerza, pero jamás la he golpeado". Esa fue la defensa de Camilo Castaldi de la banda Los Tetas ante las acusaciones de agresión física y psicológica de su pareja, Valentina Henríquez.

Según los expertos, no reconocer los hechos de violencia es algo común entre los agresores. Aunque también existen casos de quienes asumen la culpa y deciden buscar ayuda, y un tercer grupo que es obligado por la Justicia a hacerlo. Para todos ellos existen 15 centros de Hombres por una Vida sin Violencia (Hepva), que fueron implementados en 2011 por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), y que actualmente se encuentran presentes en todas las regiones del país.

El programa fue diseñado por el psicólogo Atilio Macchiavello, ex encargado de los centros, quien explicó que uno de los criterios más importantes es reconocer que "la violencia es un problema de abuso de poder. No es un tema de descontrol de impulsos, porque hay detrás un tema de desigualdad histórica de equidad entre hombres y mujeres que se expresa en la sociedad, en la familia y las parejas de cualquier tipo".

Agregó que en las terapias se busca "reeducar" a los agresores, quienes primero pasan por una fase de entrevistas individuales, para luego ingresar al trabajo grupal. Sin embargo, no todos entran, pues deben cumplir con ciertas características: no padecer problemas de salud mental, drogadicción o alcoholismo.

Rubén Arenas, actual encargado de Hepva a nivel nacional, explicó que en esos casos "no sería su problema principal la violencia, sería otro tipo de patología que no tenemos capacidad para atender". Añadió que si el agresor es considerado apto para el tratamiento, puede firmar un contrato que pacta su participación, que dura cerca de un año, dependiendo de cada caso.

Déficit de egresados

Uno de los mayores problemas que se han presentado con los centros Hepva es la baja cantidad de hombres que terminan el programa. De los 2.285 que ingresaron entre 2015 y 2016, solo 262 egresaron en el mismo periodo.

Para Macchiavello, lo anterior se relaciona con que "no hay un control judicial que encuadre a los hombres, que los apriete y dé carácter de sanción y obligatoriedad a la asistencia, porque las medidas alternativas son un beneficio". Explicó que "el hombre queda en una sensación de impunidad".

Según datos internos de los centros, un 30,9% ingresó de manera espontánea, un 60% derivado del sistema judicial y 7,5% de otras instituciones como Sernameg o Carabineros.

Sobre la reincidencia, Arenas explicó que es algo difícil de medir, pues "hay violencias que se extinguen, pero hay otras que va a costar mucho más tiempo erradicar, como es esta naturalización de que la mujer está al servicio del varón, o que nosotros somos más fuertes que las mujeres, o que tenemos cierta capacidad de liderar más allá de ellas".

El programa contempla que si se superan todas las etapas, continúa un proceso de seguimiento, que dependiendo de cada caso puede durar un año. "Otra novedad importante de nuestro trabajo con varones es que no solamente su testimonio cuenta, sino que está muy presente -incluso como condición para el ingreso a estos procesos- el testimonio de las víctimas, porque en nuestro proceso de evaluación de la violencia del hombre, sobre su frecuencia, profundidad, gravedad, solicitamos un reporte de violencia de la mujer".

Arenas afirmó que este reporte se consigue a través de los Centros de la Mujer y con la información que los agresores entregan sobre sus parejas o ex parejas. "Más del 98% jamás se ha negado a dar los datos de la persona agredida", dijo.

Limitaciones

Para Carmen Andrade, directora de la oficina de Género e Igualdad de Oportunidades de la U. de Chile, y ex ministra del Sernam, "la violencia de género hay que abordarla con medidas mucho más integrales. Esta es una que complementa otras muchas". Además sostuvo que "los estudios internacionales muestran que han tenido buenos resultados, pero tienen limitaciones".

La abogada de la Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujer, Lorena Astudillo, complementó que "si alguien tiene que ir obligado a algo y no tiene la convicción de que lo está haciendo está bien, es muy difícil que tenga algún efecto sobre la conducta de la persona".

Afirmó que la no vigilancia genera impunidad. "Pretender que una terapia psicológica cambie la cultura de una persona que está obligada a asistir a esta terapia tiende a patologizar la agresión hacia las mujeres".