Además del lanzamiento de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Económico que comprometió la Presidenta Michelle Bachelet entre las medidas de sus primeros 100 días de gobierno, el proyecto de fortalecimiento del Sernac y el INE, el nuevo ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, debería tomar una definición respecto del reglamento dictado por el gobierno saliente, sobre manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios financieros, normativa que actualmente se encuentra objetada en el Tribunal Constitucional (TC).

Ello, porque de acuerdo a lo revelado por una alta fuente vinculada al proceso, dicha magistratura esperaría la opinión de la nueva autoridad sectorial sobre el decreto para resolver finalmente la contienda de constitucionalidad.

"Lo prudente es ver qué va a hacer el próximo gobierno con el reglamento sobre consentimiento expreso para luego resolver el requerimiento", dijo la fuente.

Al interior del TC dicen que la revisión de la causa estuvo bien avanzada hasta enero, pero luego vino el feriado judicial y ahora el cambio de mando en La Moneda, factores que también terminaron influyendo en el retraso de su resolución.

En la Nueva Mayoría, aseguran que la administración entrante estaría abierta a discutir la legalidad y operatividad de la norma sobre cambios en contratos financieros.

Desde mayo de 2013, los bancos alegan que no pueden aumentar las comisiones en los productos financieros de sus clientes, debido a la incertidumbre regulatoria en que quedó la industria tras la derogación por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) de la norma de consentimiento tácito. "Esto es el abuso del abuso", dijo entonces Jorge Awad, presidente de la Asociación de Bancos, en respuesta a la eliminación decretada por la Sbif.

Tras la decisión de la entidad que dirige Raphael Bergoeing  de dejar en manos del Sernac toda la protección del consumidor financiero, el Ministerio de Economía -en coordinación con Hacienda y el Banco Central- diseñó un quinto reglamento dentro de la ley del Sernac Financiero, para incluir tanto mecanismos remotos como presenciales para que las personas puedan expresar su aprobación a cambios en contratos.

A mediados de diciembre del año pasado, y luego de tres meses de trámite de toma de razón, la norma de consentimiento explícito fue visada por la Contraloría y publicada en el Diario Oficial para su ejecución. Sin embargo, a los días siguientes un grupo de diputados de oposición y posteriormente la Cámara Baja, a través de un proyecto de acuerdo, presentaron requerimientos en el TC para frenar la normativa.

El recurso presentado por los parlamentarios ya concluyó su tramitación con las observaciones y descargos de los intervinientes y desde el 4 de marzo se encuentra en estado de relación, vale decir, la causa fue ingresada a la tabla del tribunal para ser vista por los ministros.