El Registro Civil cometió actos que restringieron la libre competencia durante la licitación para fabricar cédulas de identidad y pasaportes, adjudicada en 2011 a la francesa Morpho por más de US$400 millones.

Así lo determinó la sentencia emitida ayer por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), mediante la cual aplicó una multa de 200 Unidades Tributarias Anuales -unos  97,2 millones- tras acoger parcialmente la demanda que el año pasado la empresa tecnológica Sonda interpuso en contra del organismo, por eventuales malas prácticas efectuadas durante el concurso público.

El TDLC reprochó que el Registro Civil excluyera de la licitación a la firma, al declarar inadmisible su oferta por no acreditar suficiente experiencia. "A juicio de la decisión de mayoría, dicha exclusión fue discriminatoria y restringió la competencia en la licitación, pues ésta contemplaba la calificación relativa de las propuestas y constituía un proceso que concluía con la evaluación de las ofertas en mutua comparación", señaló el tribunal.

En todo caso, el organismo rechazó las demás imputaciones formuladas por la compañía ligada a Andrés Navarro, desestimando la solicitud de dejar sin efecto la adjudicación de la licitación. "El tribunal consideró que podía ser una sanción desproporcionada dejar sin efecto el contrato, pero resulta extraño ese argumento, cuando se están acogiendo las denuncias que hicimos y que constatan que no hubo una competencia real y justa dentro del proceso de licitación (...)". De hecho, el TDLC agrega que si a Morpho se le hubieran aplicado los mismos criterios que a Sonda, habría sido excluido", defendió el abogado de Sonda, Luis Felipe Hübner.

CINCO AÑOS DE LICITACION

El representante de Sonda recordó que no se trata del primer revés que sufre el Registro Civil en este proceso de licitación, que comenzó a inicios de 2008. En 2010 fue adjudicado a la española Indra, contrato que se anuló en 2011 luego de que Morpho demandara al organismo ante el Tribunal de Compras Públicas, alegando que la boleta de garantía presentada por Indra había sido falsificada. Esto, con la supuesta complicidad de los funcionarios del Registro Civil a cargo del proceso. La institución acogió los reclamos y ordenó al Registro Civil cancelar la firma del contrato.

Ese año se retomó el concurso, pero se volvió a excluir oferentes dejando sólo a Morpho. "El Registro Civil dejó fuera a seis oferentes y adjudicó la licitación, sin ninguna competencia, a la oferta más cara de todas las que se conocían", añadió Hübner. Pese a que valoró la multa, el abogado aseguró que estudiarán las acciones a seguir, ya que la sentencia es reclamable ante la Corte Suprema.

La decisión del TDLC fue acordada con el voto en contra del ministro Tomás Menchaca, quien estuvo por rechazar la demanda en todas sus partes, por estimar que la única imputación considerada por la decisión de mayoría para condenar al Registro Civil constituye una controversia sujeta al régimen de contratación administrativa, y no una infracción a las disposiciones.