Sólo 15 metros separan al río Maipo de las frágiles construcciones del campamento El Arenal, ubicado en el sector de El Melocotón, en la comuna de San José del Maipo, Región Metropolitana. A poco más de una cuadra se encuentra la quebrada La Granja, por donde el sábado reciente bajó un aluvión con toneladas de rocas, árboles y sedimento. Un caudal que estuvo, literalmente, a centímetros de llevarse sus hogares y sus vidas.
"Estamos rodeados por los esteros de las quebradas y el paso del agua del río. El estero se viene abajo cada vez que hay aluviones. Nadie le toma el peso a esto", cuenta Maritza Abarca (50), dirigenta de El Arenal y presidenta del comité de vivienda Sueño entre Montañas, que lleva 12 años buscando una solución habitacional. "Las autoridades están esperando que este sector no exista para que hagan algo. Cuando acá reviente lo que está acumulado en la quebrada, no seremos sólo nosotros los afectados, sino que todos los vecinos", añade.
El aluvión que el sábado último bajó por las quebradas del Cajón del Maipo hasta el lecho del río, y que dejó personas fallecidas, varios desaparecidos y cientos de turistas aislados en la precordillera (ver notas en páginas 14-15), puso en evidencia la precaria situación de los campamentos.
Estas son las concentraciones urbanas más expuestas a distintos riesgos naturales, señalan en la ONG Techo-Chile, que trabaja en la asistencia social a asentamientos vulnerables, y una parte importante corre el riesgo de verse afectado por un aluvión o deslizamiento de tierra a causa de lluvias.
Según un estudio realizado por la entidad, de las familias que viven en estos lugares, 615 corren peligro frente a una emergencia como la vivida el fin de semana.
"Los campamentos se instalan en terrenos que nadie más quiere o puede ocupar, por lo que no es extraño que una gran cantidad esté expuesto a distintos riesgos naturales, y que la gran mayoría de potenciales afectados por aluviones sean ellos", afirma el capellán de Techo, Juan Cristóbal Beytía.
El sacerdote agrega que un ejemplo de ello se presenta en Antofagasta, donde más de 400 familias podrían estar en peligro por remoción de masas de tierra.
El informe de Techo también identificó que casi la mitad (47%) de las 38 mil familias de campamentos está en riesgo frente a otros desastres naturales, como tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales e inundaciones, entre otros (ver infografía). "Es prioritario trabajar con estas familias para poder entregarles una vivienda sólida en el corto plazo y sacarlas de ahí. Pero la solución definitiva es abordar las causas que llevan a las personas a vivir a campamentos para que éstos no sigan aumentando", agrega Beytía.
Desde el Ministerio de Vivienda informan que se han identificado distintos tipos de riesgos en los campamentos, entre ellos algunos por "las condiciones físico-espaciales" donde están emplazados. Añaden que entre 2011 y 2016 se han cerrado 281 asentamientos irregulares, el 42% del catastro oficial con el que trabaja la cartera. Este año se pretende dar solución a otros 75 conjuntos en diversas zonas del país.
Para el caso de los dos campamentos que se encuentran con mayor riesgo en la comuna de San José de Maipo, Brisas del Maipo y El Arenal, el alcalde Luis Pezoa (RN) explica que "estamos en constante monitoreo de eventuales crecidas del río y existe un plan de evacuación para los pobladores que funciona en invierno, cuando el caudal sube con las lluvias".
Según el decano de la Facultad de Arquitectura de la U. del Desarrollo, Pablo Allard, "las familias se instalan en estos lugares de riesgos porque quieren vivir cerca de las oportunidades que ofrece la ciudad y de sus trabajos, y lo vemos, por ejemplo, en los microcampamentos al borde del río Mapocho, en las quebradas de Valparaíso y en las zonas inundables por tsunamis de Iquique". Agrega que "Chile es uno de los pocos países que han llevado adelante una política de acceso a la vivienda definitiva para estos grupos; el problema está en que la velocidad no va a la par con las nuevas familias que llegan a esos lugares. El Estado debe evitar que se consolide la radicación de nuevos campamentos.
