Primero fue el diputado Gabriel Boric (Ind), después el Instituto Nacional de Derechos humanos (INDH), hoy un grupo de parlamentarias de la Nueva Mayoría y Amnistía Internacional.
Todos ellos se han manifestado en contra de la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao, quien junto a otras 10 personas, es investigada por su presunta participación en la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrida el 4 de enero de 2013 tras un ataque incendiario a su casa, ubicada en Vilcún, IX Región.
La situación procesal de la mujer de 60 años -quien hoy cumple 14 días en huelga de hambre, en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial-, abrió un flanco de críticas que ha ido en aumento para el gobierno, que hoy fue cuestionado de manera transversal por la oposición, el oficialismo y la familia de las víctimas. El caso inquieta en La Moneda por sus efectos jurídicos, pero sobre todo por el delicado estado de salud de Linconao, quien pesa hoy casi 40 kilos.
Quien sacó la voz por la familia Luchsinger Mackay fue el hijo del matrimonio fallecido, Jorge Luchsinger. Tras visitar la tumba de sus padres, acusó intervención de las autoridades en favor de los imputados. "Lamentablemente, ha habido presiones de parlamentarios y otros órganos del Estado al gobierno para que tome acciones", aseguró. Y agregó: "No creemos que sea el camino para que se haga un juicio justo y que se demuestre su participación para que sean condenados como tal, y en eso vamos a ser inflexibles".
El gobierno también enfrentó el "fuego" de cuatro diputadas de su propia coalición. Se trata de Daniela Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo y Karol Cariola (ambas del PC), quienes hoy llegaron a La Moneda para entregar una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, pidiéndole que se garantice la salud de la machi y se revise la Ley Antiterrorista. "Lo que acá se está haciendo es incriminar a una persona bajo la Ley Antiterrorista, que no deja ni siquiera el espacio a la presunción de inocencia. Esta es una ley que genera un juicio de partida, que genera incluso condenas previo a un proceso de investigación", comentó la diputada Cariola.
La parlamentaria añadió que el gobierno comete un error al invocar la Ley Antiterrorista. "Lo que estamos solicitando es que ese error se enmiende eliminando la Ley Antiterrorista de esta invocación que se hizo ante la situación particular de la machi Francisca Linconao", agregó.
Respuesta del gobierno
Además de las presiones de parlamentarios, de organizaciones independientes, como el INDH, el Colegio Médico y también los familiares de las víctimas, el Ejecutivo expresó su posición, a través de dos canales: el intendente de La Araucanía, José Miguel Hernández, y el ministro del Interior, Mario Fernández.
En entrevista con radio Cooperativa, el intendente Hernández mostró su preocupación con el estado de salud de la machi, a quien visitó hace algunas semanas.
La autoridad regional señaló que "los procedimiento judiciales son los existen. Hoy día se está indagando la posibilidad de diferentes acciones que permitan aliviar la situación procesal de la machi".
Añadió que "entre otras, ayer estuvimos conversando (...) que Gendarmería pueda presentar un recurso de amparo que le permita proteger de mejor manera las condiciones de salud de la machi. En definitiva, se están haciendo todos los esfuerzos para que el peligro de vida de la machi por esta huelga de hambre no sea tan manifiesto".
Luchsinger cuestionó por la tarde al Intendente y recordó que es la cuarta persona en ocupar ese cargo desde que sus padres fueron asesinados. "Es una autoridad más que, aparentemente, viene recién a entender el problema y con su actitud no sé por qué se entromete en un proceso en curso. Creo que no es lo correcto y eso es lo que hemos manifestado", dijo a 24 Horas. Luchsinger, sin embargo, se mostró abierto a que se cambien las medidas cautelares de la machi por razones de salud (ver página 4).
El ministro del Interior, Mario Fernández, sin responder directamente a Luchsinger, negó que el Ejecutivo haya intervenido en este caso. "Algunas opiniones que se han dado por ahí de que el gobierno se está inmiscuyendo en algo que no le corresponde no es efectivo", afirmó Fernández, quien justificó la preocupación por la salud de Linconao. "Distingamos bien una situación procesal que se ve en Tribunales y una situación humana, que afecta a una persona que por su propia decisión está en esta situación". Fernández aclaró que lo que está en discusión en tribunales es la mantención de una medida cautelar y no la libertad, lo que ha causado un debate entre los especialistas.
En el mismo contexto de controversia, según explicaron desde el Colegio Médico, la huelga de hambre a la que está sometida Linconao, a la que en los últimos días se han sumado otros cuatro comuneros imputados podría desencadenar un escenario aún peor. Enrique Morales, del departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, dijo que "la machi está en un escenario complejo, está en muy mala forma. Ella no tiene muchos más kilos que bajar, por lo tanto, su situación es particular".
