El 27,1% de los chilenos no puede financiar una alimentación saludable según los estándares nutricionales recomendados para el país. Así lo señala un estudio realizado por el Ministerio de Salud (Minsal), con apoyo de la Cepal y la Organización Panamericana de la Salud, que analizó el porcentaje de la población que tiene acceso a alimentos con criterios esenciales de calidad.
El informe utilizó datos de la encuesta Casen de 2013 y de la actual canasta básica de alimentos (CBA) -usada para medir la pobreza mediante su costo y acceso-, y elaboró un indicador paralelo, denominado canasta alimentaria de calidad (CAC), que sigue las guías alimentarias del Minsal y elimina los productos de bajo contenido nutricional.
Dicho paquete de productos, que incorpora más frutas y verduras, cuesta $ 43.872, es decir, un 36,1% más que la canasta básica, cuyo valor llega a $ 32.239 (ver infografía).
La canasta básica está compuesta por alimentos como pan y cereales (616 calorías); carnes (169); productos lácteos y huevos (116); frutas, verduras, legumbres y tubérculos (456), entre otros elementos. En comparación, la canasta de calidad baja un 5% y 59%, respectivamente, el consumo de pan y cereales (584) y el de las carnes (70), y sube en 204% el de productos lácteos y huevos (352) y 51% el de las frutas y verduras.
El estudio señala que sobre la base de la nueva propuesta "se estima una línea mínima de ingresos de $ 117.576 para poder acceder a ella. Fundamentado en esta aproximación, un 27,1% de la población chilena no puede acceder".
Además, el informe señala que "incorporar este tipo de mediciones dentro de las políticas públicas implica comenzar a mirar un aspecto que ha sido escasamente abordado en Chile, relacionado con la seguridad alimentaria en un país cuyo principal problema nutricional y epidemiológico es la malnutrición por exceso".
Así, el trabajo apoya una de las tesis de los especialistas en nutrición: estratos socioeconómicos más bajos tienen un acceso limitado a una buena alimentación.
"Si uno lo mira desde el punto de vista de los deciles de la población, los primeros no pueden comprar la canasta alimentaria de calidad y eso es grave porque revela que por mucha educación que hagamos, si no se produce una disminución de costo de los alimentos saludables o favorecerlos con políticas públicas, estamos en una situación de inequidad muy grande en el país", dijo Tito Pizarro, jefe del Departamento de Políticas Públicas del Minsal.
De hecho, los resultados del Simce de Educación Física de 8° Básico 2015 mostaron que en los grupos socioeconómicos bajo y medio bajo se encuentran los estudiantes con índices más altos de sobrepeso y obesidad: el 48% de los niños sufre estas patologías, mientras que en el estrato alto solo el 36% .
"No es extraño que exista este porcentaje de personas que no pueden acceder a alimentos más saludables y que tienen problemas más recurrentes de sobrepeso", afirma Manuel José Irarrázaval, director Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipssus) de la U. San Sebastián, quien añade que hay que observar estos estudios críticamente, ya que son "un primer acercamiento con productos específicos, por lo que se debe trabajar en analizar qué es lo que consumen las personas en estos niveles y buscar alternativas a esos productos, pero que estén al alcance de sus bolsillos y no que sean alternativas aún más caras".
El académico de Economía de la U. Santiago Guillermo Pattillo apunta a que "una alimentación sana, en promedio, tiende a ser algo más cara que una menos saludable. No hay una solución simple a esto, pero, desde el nivel macroeconómico, la salida que tiene esto en el plazo mediano y largo es que mejore el crecimiento económico". Agrega que otra posibilidad es que a nivel microeconómico "se mantengan mercados lo más competitivos posibles para que existan ofertas a precios más bajos".
Sin embargo, el experto señala que también existe un problema de información: "hay un tema de preferencia de la gente por determinados tipos de alimentos que son más altos en nutrientes críticos. Pasa por un tema de ignorancia en cuanto a lo que es bueno y malo para la salud".
En esta línea, Fernando Vio, académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta) de la U. de Chile, argumenta que la obesidad no obedece solo a un problema de acceso: "En el país existe un altísimo consumo de bebidas, de pan, y esto es lo que consumen los niveles socioeconómicos bajos. El kilo de pan vale el doble que uno de frutas, y las bebidas también tienen valores altos, es decir, por la compra de esos productos puede comprar dos kilos de frutas. No es un problema de acceso, es un problema de cambiar hábitos".
Políticas de salud
El problema de la malnutrición por exceso que existe en el país, a nivel transversal en edades y niveles económicos, ha empujado a la implementación de diversas políticas.
Al respecto, Pizarro señala "estamos haciendo políticas para evitar esto. Tenemos el programa de la Junaeb, que entrega alimentación de calidad a los niños del país y que el próximo año implementará un plan contra la obesidad. También existe el programa de alimentación complementaria para las embarazadas o los adultos mayores".
Otro ejemplo es la Ley de Etiquetado de Alimentos, que pronto cumplirá seis meses desde su entrada en vigencia, con la que se persigue reducir los niveles de nutrientes críticos en los productos, así como alertar a las personas sobre los riesgos de su consumo excesivo, con sellos negros en los envases. "Esta ley busca que la gente elija lo más salubable, opte por lo que es sano y también más barato", afirma Pizarro.
