El secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, promovió un mecanismo para liquidar entidades financieras gigantes al borde de la quiebra, con la cual se elimine la garantía implícita de que el Gobierno siempre deberá salvar a la gran banca.

"Ningún sistema financiero puede operar eficientemente si las instituciones financieras y los inversionistas asumen que el Gobierno les protegerá de las consecuencias del fracaso", dijo el secretario en una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley prevé la creación de un Consejo de Supervisión de los Servicios Financieros, que vigilará estrechamente a esas entidades y las obligará a mantener más reservas que a bancos de menor tamaño, por las repercusiones para el sistema financiero en general si se hundieran.

Sin embargo, su propuesta fue criticada por Sheila Bair, la presidenta de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos Bancarios (FDIC), y por los legisladores republicanos.

Bair, quien ha criticado al Departamento del Tesoro en otras ocasiones, dijo en la audiencia que el proyecto no da suficiente poder al Consejo "para responder eficazmente a los riesgos para el sistema".

Indicó que un presidente independiente debería presidir ese nuevo órgano y no el secretario del Tesoro, como contempla actualmente la propuesta, que divulgaron el martes el Gobierno y el presidente del comité financiero de la Cámara Baja, el demócrata Barney Frank.

En la audiencia, la Reserva Federal, que tendría la voz cantante en ese nuevo Consejo, dio su respaldo al proyecto de ley.

Mientras que Bair criticó la propuesta por no dar suficiente poder al futuro órgano coordinador de las agencias reguladoras, los legisladores republicanos la atacaron por expandir el papel del Gobierno.

"En lugar de un sistema de resolución arbitrario dirigido por el Gobierno, necesitamos un proceso de bancarrotas más enérgico", dijo el congresista republicano Randy Neugebauer.

Del mismo modo, su colega Scott Garrett afirmó que el proyecto permitirá al Gobierno favorecer a ciertas empresas por motivos políticos.

Geithner, en cambio, defendió que se establezca un mecanismo especial para intervenir y desmantelar a las mayores compañías de Wall Street, puesto que el proceso de declaración de bancarrotas es demasiado lento y no tiene en cuenta las repercusiones para el resto del sector.

La prueba fue la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, que causó "un daño catastrófico" al sistema, según Geithner.

La gravedad de ese incidente, que se sintió en todo el planeta, convenció a los mercados de que el Gobierno de Estados Unidos no dejaría caer a una entidad grande de nuevo.

El Departamento del Tesoro quiere ahora romper esa dinámica porque incentiva a los mayores bancos a asumir más riesgos, contando con el colchón del Gobierno si se caen.  El proyecto de ley prevé que cuando un gigante financiero esté a punto de hundirse la FDIC lo intervenga para "desmantelarlo, venderlo o cerrarlo", según dijo Geithner.

El costo inicialmente será cubierto por el Gobierno, pero posteriormente se dividirá entre todas las compañías financieras con más de US$10.000 millones en activos.

Un sistema parecido ya existe con respecto a la pequeña banca, pues la FDIC cobra una tasa a todo el sector para financiar su fondo de seguro de depósitos, que resarce a los clientes si una entidad quiebra.

Una diferencia importante es que el Gobierno impondría el nuevo gravamen tras el hundimiento de la compañía.

Bair indicó que sería mejor crear el fondo previamente, de forma que la empresa culpable también contribuya al sistema de seguro y se evite obligar al sector a pagar el impuesto en un momento de crisis.

Geithner defendió el proyecto de ley tal y como está, pues dijo que establecer el fondo con antelación crearía la impresión de que el Gobierno protegerá a las compañías.

"No queremos crear esa expectativa y por eso creemos que es mejor hacerlo con posterioridad", explicó.