Los trabajadores autónomos cubanos aportarán este año al presupuesto del estado alrededor de US$15 millones por concepto de impuestos, según informó el periodista Francisco Rodríguez en el periódico Trabajadores.
La información fue entregada por funcionarios del Ministerio de Finanzas durante los debates de las Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, nombre con el que se conoce al parlamento cubano, compuesto por 600 diputados.
Esperan, además, un ingreso de US$45 millones por la venta de 47 millones de kilogramos de harina, 30 millones de kilogramos de arroz, 20 millones de kilogramos de azúcar, 160 millones de huevos y 1,8 millones de kilogramos de frijoles, gran parte de los cuales se venderán a trabajadores independientes.
Según Rodríguez, el grueso del monto aportado llegará como pago de licencias e impuestos sobre los ingresos personales en el "arrendamiento de viviendas y la venta de productos y servicios" que realizan los autónomos.
CRECE EL NUMERO DE AUTONOMOS
Desde que el gobierno autorizó el trabajo por cuenta propia, en octubre del pasado año, esta actividad se triplicó, con la entrega de licencias a 200.000 cubanos, un 30% de los cuales fueron personas despedidas de las empresas estatales.
El resto de las licencias fueron otorgadas a ciudadanos que aparentemente no tenían vínculo laboral. En realidad, ocurrió que se legalizaron muchos trabajadores autónomos que desplegaban su actividad clandestinamente.
El desarrollo de esta modalidad laboral ha resultado vital para compensar el despido de 500.000 trabajadores de las empresas estatales, medida anunciada por el gobierno de Raúl Castro en 2010 pero que avanza con lentitud.
El trabajo autónomo no sólo es una opción para los despedidos sino que en ocasiones les mejora el ingreso. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, los cuentapropistas ganan dos o tres veces más que los empleados del estado.
Para el gobierno cubano, el trabajo por cuenta propia también se ha convertido en un buen negocio, no sólo por lo que se ahorra en salarios sino porque percibe millones de dólares por concepto de impuestos y licencias.
Por otra parte se desprende de una serie de pequeñas actividades productivas y de servicios para cuyo control necesitaban un gigantesco aparato burocrático y que, por lo general, se convertían en una fuente de corrupción.
EL MODELO SOVIETICO
El problema empezó en 1968 cuando el gobierno lanzó la llamada Ofensiva Revolucionaria, una campaña que terminó nacionalizando todas las pequeños empresas y los comercios, incluyendo los de los vendedores callejeros.
Seguían las indicaciones de los manuales soviéticos, en los cuales se identificaba estatización con socialismo.
Igual que en la ex Unión Soviética, destruyeron al pequeño empresariado e impulsaron el nacimiento de un monstruo mayor, la burocracia.
Los planes del gobierno de Raúl Castro incluyen desandar ese camino, reducir drásticamente el número de empleados estatales, entregar amplios sectores económicos a los trabajadores autónomos y restarle poder a los burócratas.
En la actualidad las autoridades utilizan diferentes vías para revertir la estatalización del empleo: otorgan licencias para autónomos, forman cooperativas urbanas, alquilan medios a trabajadores individuales y dan en usufructo tierras de labranza.