Seis semanas faltan para que asuma el presidente electo Sebastián Piñera, cuya administración deberá resolver algunos temas que dejó pendientes el actual gobierno. Y uno de ellos podría ser la licitación del Transantiago, la que fue suspendida el jueves reciente, tras un fallo emitido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras acoger los reparos realizados por dos empresas.
El Ministerio de Transportes aclaró este viernes que responderán en los próximos cuatro días la presentación hecha por las firmas Transanber y Santín ante los tribunales, pero que el TDLC es autónomo en sus plazos para pronunciarse y dar nuevamente curso a la convocatoria que pretendía renovar buses, recorridos y normar un nuevo esquema de pago a las empresas.
La denuncia de las compañías sostiene que el ministerio habría puesto "barreras de entrada" al mercado del transporte capitalino, lo que se reflejaría en que los requisitos -según la presentación- no eran posibles de cumplir para empresas pequeñas. Por ello, argumentaron que los actuales operadores del Transantiago se repartieron el mercado al postular en la licitación (Tower Transit, Nextbus, STP, Metbus, Vule y Redbus).
Uno de los puntos que hace estimar al actual gobierno que se podría aplazar la licitación es que el TDLC ordenó que Transanber presente en los próximos 20 días una demanda por los presuntos delitos que denunció. Al respecto, este viernes Carlos Melo, subsecretario de Transportes, admitió en Radio Agricultura que el proceso podría quedar en manos de la futura ministra del ramo, Gloria Hutt. "Si damos cuenta de esos 20 días hábiles, ya estamos pasando a la nueva administración (...) eventualmente, de irnos bien con nuestra presentación para revertir esta medida del tribunal, podríamos continuar y finalizar el proceso de adjudicación durante este gobierno". Pero debido a que no hay certeza sobre los plazos, el subsecretario añadió que ya están en contacto con las nuevas autoridades en el caso de que se dé el otro escenario.
Sobre la respuesta que entregará el ministerio al TDLC, Melo indicó que "existen los argumentos para que el tribunal los considere. En el proceso han participado nuevos oferentes que están dentro del concurso (...) Nos interesaba atraer nuevos operadores para dar un ambiente de competencia".
Este viernes, en tanto, el empresario de buses rurales Luis Vargas, quien realizó la presentación ante el TDLC, dijo que "el gobierno quería favorecer a los empresarios que ya están en el Transantiago" (ver nota secundaria).
Pérdidas
Diego Muñoz, gerente de Operaciones de STP, firma que participó en la suspendida licitación, dijo que en este proceso se busca "mejorar la calidad de la flota y que se fueran las empresas con malos indicadores. Vemos que eso, posiblemente, no ocurrirá". Alertó, además, los riesgos que implica extender los contratos de los actuales operadores: "Eso podría costar muy caro, debido a que algunas de esas empresas tienen altos pagos por pasajeros".
Franco Basso, investigador del Observatorio de Movilidad de la UDP, añadió que es probable que las nuevas autoridades diseñen nuevas bases de licitación. "Lo que durará más allá de octubre de 2018, fecha en que iban a debutar las nuevas empresas", dijo. Añadió que mientras ello ocurre, "se extenderán los contratos a las empresas actuales. El problema es que éstas tienen una posición dominante para negociar tarifas con la autoridad, porque se trata de un servicio que no puede dejar de funcionar para la población", dijo.
