Durante mayo, el Ministerio de Transportes planea enviar a la Contraloría General de la República las bases de licitación del Transantiago, las que establecen nuevas reglas para las firmas del transporte desde 2018.
El escenario financiero previo a ese proceso muestra que en los últimos cinco años los siete operadores han obtenido más recursos cada año. De acuerdo a un informe, entregado por la Ley de Transparencia, entre 2013 y 2017 se ha entregado un total de $202 mil millones a los privados a través del reajuste de los pagos por pasajero, lo que está establecido en los contratos desde 2012.
Así, por el concepto de revisiones programadas, la empresa Subus, que se declaró en crisis financiera, ha recibido $ 40 mil millones por parte del gobierno en ese periodo, el monto más alto entre los operadores. El reporte indica que en enero de 2013 le pagaron sobre $ 26 millones a la firma, mientras que en marzo de este año fueron más de $ 718 millones. Subus es la segunda mayor concesionaria y tiene a su cargo 60 servicios en la capital y 150.678 mil plazas (espacios para pasajeros en los buses), por lo que su operación tiene uno de los más altos costos. Desde la empresa se explicó que se justifica esta entrega de recursos, pues "las operaciones, tamaños y oferta de transportes no son iguales para todos los operadores, por lo tanto una comparación solo por montos distorsiona cualquier medición". Se añadió que factores como "la velocidad, principalmente, han aumentado los costos para todos los operadores, por lo tanto, es necesario dar un equilibrio económico a los contratos".
En tanto, las empresas Alsacia-Express, que se acogieron este año a la ex Ley de Quiebras, también han mostrado un crecimiento en cuanto a recursos. La primera empresa recibió más de $ 15 millones, en enero de 2013. Y en marzo recién pasado obtuvo sobre $ 589 millones, tras las revisiones.
Uno de los casos que llama la atención en el sector es el de la firma Redbus. El argumento para los incrementos en los pagos por pasajero transportado en la revisión programada de 2016, fue que pierden potenciales usuarios por el mayor uso de bicicletas. El gobierno aceptó esa razón y aumentó el pago en $ 5,5.
Cambio en contratos
Sobre los reajustes a los pagos por usuario que hace el Estado a las compañías, la ministra del ramo, Paola Tapia, dijo que se modificará el sistema en los futuros contratos. "Se eliminará la revisión programada de 24 meses", aclaró. Por ello, dijo que "solo cuando haya situaciones excepcionales se debe revisar, como una nueva línea de Metro, por ejemplo. No podemos sentarnos a negociar a cada rato, no corresponde".
La decisión inquieta a los operadores porque sostienen que se deben considerar factores como que el sistema tiene cada vez menos pasajeros o bien que la evasión creció a 34,6% durante el último trimestre. Diego Muñoz, gerente de planificación de la firma STP, sostuvo que debido a esta decisión debería crecer el pago por kilómetro recorrido "a un 70% (del total que se les cancela) e incluso más, pues la demanda de pasajeros hoy es muy incierta, lo que aumenta el riesgo financiero". Tapia añadió que en las bases de licitación se incluirán 90 modificaciones a las mallas de recorridos para extenderlos a comunas alejadas. Y aclaró que habrá 134 buses en las calles, los que tendrían un mejor estándar.