Las primeras críticas a la elaboración de las bases de licitación del Transantiago surgieron por parte del senador Andrés Allamand (RN). En el proceso, que se realizará durante 2017, se adjudicará la operación de los buses en las principales calles de la capital a nuevas empresas.
El congresista plantea que el informe con los contenidos esenciales publicados por el Ministerio de Transportes la semana pasada no ayudará a "mejorar el servicio", sino que se definen seis unidades de negocio donde ingresarán 435 ve-hículos adicionales. Así, sostuvo que el plan no incluye medidas para el control de la evasión del pago de pasaje (lo que hace perder recursos al sistema) o infraestructura vial que aumente las velocidades de los buses.
Allamand añade que los plazos de la licitación propuestos por el gobierno no son los adecuados, pues explica que los oferentes no alcanzarán a tener nuevos vehículos cuando se ponga en marcha el nuevo Transantiago (octubre de 2018), situación que sí favorece a las actuales empresas que tienen material rodante. "Está hecho a la medida de los actuales operadores y debe haber igualdad de condiciones para todos", dice Allamand.
Además, el senador afirma que a las empresas como Metbus y STP se les prorrogaron los contratos de operación por un año, lo que no ha sucedido con otras compañías. El gobierno informó que esto ocurrió porque esas firmas instalaron dispositivos nuevos, como filtros, lo que constituye un incentivo para ampliar los plazos de funcionamiento.
El senador añade que citará a la Comisión de Transportes al ministro del ramo, Andrés Gómez-Lobo, para explicar los alcances del proceso de licitación. También sostuvo que existe una barrera de entrada en cuanto a las terminales para las máquinas, pues los nuevos operadores no tienen este tipo de recintos disponibles.
Decisión
En tanto, se espera que este jueves se reúna la comisión de acreedores de la firma Subus, la segunda mayor compañía del Transantiago, la que definirá si se aceptarán $ 38 mil millones entregados por el gobierno tras una revisión de los contratos, fondos que servirán para saldar las deudas de la empresa. Subus se acogió a la ex Ley de Quiebras en 2016, pues tiene compromisos por $ 90 mil millones a la banca y a sus proveedores. Al respecto, el senador Allamand dice que hay un esfuerzo mayor del ministerio por entregar fondos a determinadas empresas, lo que implica "un rescate financiero".
Sobre la situación de la empresa Subus, en el Directorio del Transporte Metropolitano se explicó que tras la revisión se les hará un reajuste en cuanto a recursos, lo que considera varios aspectos. Por ejemplo, se plantea que la entrada en funcionamiento del tren Alameda-Nos le restará pasajeros a la empresa, lo que involucra una merma económica. En el Directorio se afirmó que para concretar estos pagos a Subus, la empresa "deberá readecuarse a nuevas condiciones y exigencias", como mejorar su operación, lo que incluiría modificaciones relacionadas con sus recorridos.
En la entidad se añade que la entrega de recursos no será inmediata, sino que habrá plazos establecidos.
Boris Guerrero, presidente del principal sindicato de la empresa Subus, señala que si la firma se liquida finalmente, se deberá realizar una indemnización a los trabajadores que contempla $ 26 mil millones. "Tenemos mucha incertidumbre, porque los recursos que se le entregarán a la firma son escasos y eso podría afectar", añade el dirigente. Sin embargo, sostiene que se firmó un acuerdo con el ministerio para que se resguarden recursos para pagar los finiquitos a los funcionarios.
