El gobierno venezolano confirmó que el país está sumido en una profunda crisis económica luego de revelar que la economía se contrajo por tercer año consecutivo en 2016 y que la inflación completó dos ejercicios con una tasa de tres dígitos.
En un informe anual entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés), las autoridades precisaron que el Producto Interno Bruto se desplomó 16,5% el año pasado, lo que convierte al país sudamericano en el de peor desempeño económico en todo el mundo. De esta manera, la actividad acumula tres años de registros negativos.
Según el Fondo Monetario Internacional, la nación ya ha perdido más de un cuarto de su Producto desde 2014.
El reporte detalló que el sector petrolero se hundió 9,9%, mientras que el sector no relacionado al hidrocarburo se desplomó 16,1%. El documento también reveló que la inflación terminó 2016 con un salto de 274,4%, lo que se compara con el alza de 180,9% del año previo. Para 2017, el Parlamento venezolano calcula que el costo de la vida se habría disparado más de 2.000%.
En tanto, el desempleo aumentó desde 7% a 7,5% y las reservas internacionales cerraron en US$ 10.992 millones, lo que representa casi un tercio de lo que el país tenía en 2012.
Estas son las primeras cifras económicas oficiales que se conocen en casi dos años, ya que las últimas estadísticas completas se publicaron en enero de 2016.
"Desde 2015, ha habido una creciente agitación política y social debido a la escasez de bienes básicos de consumo como resultado de una caída en la producción doméstica de alimentos; acceso limitado a las importaciones como resultado de restricciones cambiarias; contrabando; acaparamiento y otros problemas de distribución", aseguró el gobierno.
Las autoridades agregaron que, en el mismo lapso, el territorio "experimentó una severa sequía que contribuyó a una crisis eléctrica por la dependencia del país de la energía hidroeléctrica".
Según el gobierno, en los últimos dos años, el descontento político y social "fue exacerbado" por la falta de diálogo con la oposición y por los conflictos entre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y los veredictos emitidos por el Tribunal Supremo y el presidente, Nicolás Maduro.
El Ejecutivo admitió que, en la primera mitad de 2017, las demostraciones se intensificaron, "resultando en mayores arrestos, crímenes de propiedades, heridas y muertes".