Varias horas duraron las conversaciones entre los abogados, las familias y los comuneros mapuches acusados por la quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas. Las tratativas iban dirigidas a acordar los términos en que se depondría la huelga de hambre que se prolongó por 117 días.

Si bien aún están en prisión preventiva, tres de los cuatro huelguistas, Benito y Pablo Trangol Galindo y Alfredo Tralcal Coche -quienes enfrentan un pena de entre 20 y 23 años en caso de ser condenados-, resolvieron deponer la medida de presión luego de que el viernes en la noche el gobierno decidiera quitar el carácter terrorista de la querella en su contra y presentar una serie de recursos para lograr que la medida cautelar sea cambiada por otra que no implique estar recluidos en un centro penitenciario. La acción judicial será recalificada en base a delitos comunes, lo que implica penas más bajas. Sin embargo, aún la Fiscalía de La Araucanía mantiene su acusación por la Ley Antiterrorista.

El único acusado que decidió mantener el ayuno prolongado es Ariel Trangol Galindo, detenido en la Cárcel de Temuco, pues aseguró a sus cercanos tener "desconfianza" de las promesas anunciadas por La Moneda.

Alrededor de las 15.00, el hijo de uno de los huelguistas, Cristián Tralcal, informó que "solo tres deponen la huelga, porque están conformes con la propuesta del gobierno. Igual tienen cierta desconfianza, pero creen que con la presión y el compromiso firmado y timbrado que nosotros tenemos, ellos van a cumplir".

Tres horas más tarde y luego de una reunión entre los familiares y los abogados defensores de los comuneros, estos emitieron un comunicado donde señalaron que "hemos decidido deponer nuestra medida de protesta, entendiendo que este es un triunfo no sólo nuestro, ni de nuestras familias, sino un pequeño avance en las reivindicaciones del pueblo mapuche".

El documento agrega que "esperamos que tras los compromisos adquiridos por el gobierno, ningún mapuche deba exponer su vida ni su salud para obtener un juicio justo, tramitado bajo un debido proceso", a la vez que destacaron que los manifestantes Benito, Pablo y Alfredo han sufrido "serias consecuencias en la salud".

Los hermanos Benito y Pablo Trangol y el lonko Alfredo Tralcal Coche se encuentran internados en el Hospital de Nueva Imperial y reciben suero.

En tanto, Ariel Trangol está "estable y con monitoreo permanente". Actualmente, ingiere leche, mate y azúcar. El comunero no ha mantenido la medida de presión de manera ininterrumpida, pues había estado en huelga 50 días hasta que la Corte de Apelaciones ordenó que podía cumplir su pena con arresto domiciliario total, el 9 de agosto pasado. Pero luego de una semana, la justicia revocó el fallo y volvió a la cárcel. Ahí retomó la medida de presión.

Este sábado, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesto por Gendarmería, con el fin de que todos los comuneros sean llevados a un recinto asistencial, "de manera de asegurarles su vida e integridad física", por lo que el servicio de salud queda facultado para alimentarlos aunque se opusieran. Ante ello, Ariel Trangol podría ser trasladado desde el penal hasta Nueva Imperial, lo que no se había concretado hasta el cierre de esta edición.

Críticas

Respecto de la recalificación de la querella por parte del Ejecutivo, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), señaló que "es una muy mala señal del gobierno, porque significa, entonces, que cualquier delincuente de la mayor connotación puede quedar eximido haciendo uso de no alimentarse".

El dirigente de los camioneros añadió que si ellos "cometieron este acto de terrorismo, indudablemente tienen que ser sancionados".

Gloria Naveillán, secretaria ejecutiva de los Agricultores de Victoria y Malleco, dijo que era una "vergüenza" la decisión de La Moneda de "presionar indebidamente al Poder Judicial pretendiendo cambiar las medidas cautelares de quienes están acusados de actos terroristas".