A comienzos del mes pasado, la Superintendencia de Salud, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, reveló que la variación de costos en el sistema isapres había llegado a 2,47%, considerando el crecimiento de las licencias médicas y de prestaciones, entre otros.

El indicador, divulgado para moderar las alzas de precios, tuvo efecto al menos en tres de las aseguradoras: Consalud y Cruz Blanca adecuarán sus contratos por debajo de esa cifra, mientras que Masvida no reajustará el precio de los planes.

En el caso de Consalud, el ajuste será de 2,3%, inferior en 0,6% al reajuste promedio que aplicaron el año pasado. Cruz Blanca, en tanto, adecuará el precio de los contratos en un 2,4%, también bajo el IPC de Salud y un 0,3% menor que en 2012 (ver infografía).

Masvida, en tanto, repetirá la fórmula de no subir el valor de los planes. "Es buena noticia para nuestros 236 mil cotizantes, y como estrategia positiva, porque en dos años hemos duplicado la cartera en la Región Metropolitana. Nuestro análisis es que cuando aumentan los costos, lo más fácil es pasarlos a la última línea, los cotizantes, pero optamos por administrar cada peso y evitar subir los precios para cuidar y hacer crecer a nuestros afiliados", dice el presidente de Masvida, Claudio Santander.

Las tres aseguradoras suman, en conjunto, poco más de 900 mil cotizantes y representan un 57% de la cartera de afiliados en las siete isapres abiertas.

Por eso, los ajustes que aplicarán marcan una tendencia en lo que será la adecuación de los contratos para el período julio 2013 y junio 2014, que dará a conocer hoy la Superintendencia de Salud.

"El reajuste que se informará no puede ser mayor al IPC de Salud o este indicador, que es objetivo, pasaría a ser letra muerta", dijo el senador Francisco Chahuán.

Esta mañana, además, los senadores de la Comisión de Salud se reunirán para buscar un acuerdo en la reforma a las isapres. "Queremos acercarnos al proyecto original, que crea un Plan Garantizado de Salud y un IPC que regula el precio base de los planes", dijo el senador Gonzalo Uriarte.

La tesis del gobierno plantea que tender un marco legal al indicador transparentaría las alzas y evitaría la judicialización que afecta al sistema. Parte de la oposición, en tanto, opina que el IPC de Salud tendría efecto inflacionario y validaría el aumento de precios.