Si le preguntan a la autoridad, a las empresas concesionarias y a los expertos del sector, cuál es el mayor "dolor de cabeza" financiero del Transantiago, plan que hoy cumple su décimo aniversario, la respuesta es unánime: la evasión. El balance oficial advierte que tres de cada diez personas que suben a un bus no pagan la tarifa, lo que genera un déficit para el sistema, pues el subsidio al transporte debe mitigar ese costo.
De acuerdo a una estimación de los concesionarios del sector, información con la que coincide el gobierno, sólo la evasión generó pérdidas por $46 mil millones (en el período que va de julio a septiembre de 2016). La cifra equivale a un 11,1% del subsidio total entregado el año pasado al sistema, que llegó a $ 415 mil millones. La firma que tuvo mayores pérdidas fue Subus, con $ 9.486.480.050; le sigue Vule, que registró $ 7.908.314.995 menos de ingresos y Metbus, con $ 7.465.534.642 de déficit por esta conducta de los pasajeros (ver infografía).
¿Cómo se hizo el cálculo? Se analizan las validaciones hechas por los usuarios en esos tres meses y se estima el impacto de la evasión, que llega al 28% según el cálculo oficial del gobierno. Esa cifra se obtiene sobre la base del trabajo de los fiscalizadores del ministerio, que registran cuántas personas no cancelan y cuántos lo hacen, en una muestra aleatoria de recorridos de diversas empresas.
El subsecretario de Transportes, Carlos Melo, explica que, aunque no existe una cifra de pérdidas, "este es un problema importante para el sistema, que está siendo fiscalizado". Añadió que existe un impacto económico, pero que no es "cuantificable en forma precisa". Esto, debido a que cuando una persona no hace Bip! en un bus o Metro, la entidad que no recibe el pago es el operador. Pero si la persona paga en alguna etapa de viaje (por ejemplo, sólo en una micro), el sistema sí percibe recursos.
Louis de Grange, director de la Escuela de Ingeniería de la U. Diego Portales, señala que a una década de la implementación del sistema el principal problema es "la evasión", pues, dice, "las autoridades han sido cobardes en este importante tema y en lugar de enfrentarlo han inyectado más recursos de los contribuyentes chilenos".
En el gobierno explican que la implementación del subsidio no cubre directamente las pérdidas generadas por una menor cantidad de validaciones, sino que sirve para amortizar el valor de la tarifa, con el fin de que no se dispare. Esa visión es refutada por De Grange, quien afirma que "si hay menos ingresos por la evasión, eso lleva a que haya un mayor déficit, y que el subsidio sea cada vez más alto en el tiempo".
La autoridad ha sostenido que la responsabilidad de controlar a los infractores es de las empresas. Sin embargo, los privados dicen que debe haber un mayor esfuerzo para que el Estado colabore.
Felipe Clark, gerente general de Alto Evasión, señala que urge aprobar el proyecto de ley antievasión que endurece las penas para los infractores, que aún está siendo tramitado en el Congreso.
Además, Clark dice que debería haber una mayor cantidad de zonas pagas por donde ingresen las personas a los buses. "Pero vemos que faltan, al menos, 300 de estos centros, los que también ayudan a agilizar la operación", afirma. A diez años de la implementación del Transantiago, existen sólo 192 zonas pagas, donde los fiscalizadores confirman que los viajeros validen con la Bip!, aunque algunos de ellos han sido atacados por los pasajeros cuando realizan este control.
