La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Lupy Aguirre resumió en una frase la apreciación que su institución posee del acuerdo que la fiscalía selló con SQM para evitar un juicio contra la minera en una causa de cohecho: "La empresa paga coimas a políticos para obtener ventajas, ¿y cómo soluciona sus problemas? Nuevamente de la misma manera: pagando".
Pese al rechazo del CDE, el Octavo Juzgado de Garantía aprobó ayer la salida alternativa propuesta por el fiscal Pablo Gómez y la defensa de la firma, Hugo Rivera, para que SQM opte a un sobreseimiento definitivo en la causa originada en virtud de los pagos que el entorno del ex senador Pablo Longueira recibió de la minera, los que, según la investigación, se vincularon a cambios al proyecto de royalty minero promovidos por el ex legislador y que terminaron beneficiando a la empresa.
Con la venia que el magistrado Luis Avilés otorgó al acuerdo, en seis meses más, una vez que SQM cumpla con las condiciones establecidas y que incluyen un pago de $ 2.550 millones (una parte para el Fisco y otra a beneficio de instituciones) y que no sea objeto de otra investigación penal, la minera quedará definitivamente fuera del caso y sin ser condenada.
Tras el duro emplazamiento del CDE en la audiencia ayer, el fiscal Gómez defendió la suspensión condicional del procedimiento acordado con SQM, señalando que el alegato no está orientado al público de Twitter. "Afortunadamente, su señoría, existe un Poder Judicial, estamos ante él, y no ante la justicia de Twitter, porque estamos escuchando (de parte del CDE) un alegato que está orientado a ese público", dijo.
Un polémico acuerdo
En las últimas semanas, el fiscal Gómez ha detallado públicamente las razones que el Ministerio Público tuvo a la vista para llegar a un acuerdo con SQM.
¿La principal? Aún no existe condena por cohecho ni por soborno en el mismo caso para los supuestos sujetos del delito: Longueira y el ex gerente de la minera Patricio Contesse. Y según la ley, para condenar a una empresa por su responsabilidad penal como persona jurídica, el delito debe estar acreditado.
Quienes rechazan el acuerdo, sin embargo, argumentan que no es necesario que exista primero una condena para Contesse y Longueira para resolver la responsabilidad penal de la firma.
Otro argumento que Gómez ha expuesto para justificar el entendimiento apunta a que SQM contaría con un sistema de prevención del delito, antecedente que permite a las empresas sortear su responsabilidad penal.
Quienes difieren de este último alegato sostienen que si bien SQM poseía un sistema de prevención, este no funcionaba acorde al estándar de una empresa internacional.
Gómez ha argumentado también que en un juicio oral la posibilidad de que SQM sea absuelta es muy plausible. Con todo, el CDE anunció que espera apelar a la suspensión condicional, lo que dependerá de lo que resuelvan sus consejeros.
