Un tribunal oral de Argentina condenó hoy a 23 años de prisión al ex dictador Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) de los que fueron víctimas obreros de la periferia norte de Buenos Aires.

Al dar su veredicto en el denominado "juicio de los obreros", el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad bonaerense de San Martín condenó además a otros tres ex miliares, un ex agente de la Prefectura (guardacostas) y un ex policía, con penas que van de nueve años de cárcel hasta la prisión perpetua, y absolvió a tres ex prefectos.

Ésta es la cuarta condena que afronta Bignone, de 86 años, el último presidente de facto de Argentina (1982-1983). 

Además de Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros fue condenado a prisión perpetua, mientras que los también ex militares Luis Sadi Pepa y Eugenio Guañabens Perelló fueron sentenciados a 17 y 16 años de reclusión, respectivamente.

En tanto, condenó a 9 años de prisión al ex jefe policial Juan Demetrio Luna y al ex agente guardacostas Juan Carlos Gerardi, pero absolvió a los otros tres ex prefectos acusados, Roberto Julio Rossin, Héctor Omar Maldonado y Alejandro Puertas. 

Antes de la lectura del veredicto, el tribunal dio a los acusados la posibilidad de decir unas palabras finales, derecho del que sólo hicieron uso los cuatro ex prefectos.

Gerardi aseguró que solo cumplía tareas de inteligencia en el marco de la "lucha contra la subversión" y pidió disculpas a las familias de los desaparecidos, mientras que Rossin afirmó que sólo hacían "guardias y obedecer órdenes". 

Por su parte, Maldonado dijo que jamás torturó a nadie y que, a pesar de saber que iba a ser detenido, se presentó ante la Justicia, mientras que Puertas alegó que obedecía órdenes. 

En el proceso, que se había iniciado en julio pasado, se juzgaron crímenes en perjuicio de 60 víctimas, trabajadores de los astilleros Astarsa y Mestrina, de las fábricas de ceramistas Lozadur y Cattáneo y de la metalúrgica Bopavi, en la periferia norte de Buenos Aires.

Las víctimas fueron en su mayoría delegados sindicales, 28 de ellos secuestrados y torturados y otros 32 además desaparecidos durante la dictadura.

Entre ellas hay dos que tenían ciudadanía italiana, el desaparecido Martín Mastinú, delegado del astillero Astarsa, y Mario Marras, obrero asesinado del astillero Mestrina, ambos con fuerte militancia en el sindicato de trabajadores de astilleros.

Junto con el de los obreros de fábricas de cerámicas, ese gremio era uno de los más combativos ante el Gobierno de facto. 

Según el abogado querellante Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, las víctimas "eran todos trabajadores, la mayoría delegados sin militancia política partidaria, mucho menos en una organización armada, que fueron perseguidos por su condición de militantes gremiales". 

"El objetivo era desactivar reclamos sindicales con una finalidad económica en beneficio de las empresas privadas", afirmó el letrado.

Fuera de esta causa han quedado los secuestros de trabajadores de la fábrica de autos de la estadounidense Ford, caso por el que están acusados, entre otros, tres exdirectivos de la firma, y que será eje de otro juicio oral.

Durante este proceso, tanto la Fiscalía como los querellantes pidieron que, además de juzgar a los ex militares y ex prefectos, se investigue la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad en las fábricas. 

El llamado "juicio de los obreros" fue el undécimo de la "megacausa" de Campo de Mayo, guarnición militar de la periferia de Buenos Aires bajo cuya órbita se cometieron múltiples delitos de lesa humanidad y que estaba bajo el mando de Bignone.

Bignone había sido condenado ya a prisión perpetua por el secuestro y homicidio del militante peronista Gastón Goncálvez, y el secuestro del ex diputado Diego Muñiz Barreto, quien murió en un simulacro de accidente. 

Además fue sentenciado a 25 años de cárcel por medio centenar de secuestros entre 1976 y 1978, cuando se desempeñaba en Campo de Mayo, y recibió una condena también a 25 años de prisión por el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban prisioneras en centros clandestinos de detención.