Un tribunal argentino confirmó los procesamientos contra el ex Presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, por malversación de fondos públicos, informaron hoy fuentes judiciales.

La Cámara Federal de Buenos Aires ratificó así los procesamientos dispuestos en junio pasado en la causa que investiga el pago de sobresueldos a funcionarios durante la gestión presidencial (1989-1999) del hoy senador Menem, precisaron los portavoces.

Los jueces Eduardo Freiler, Jorge Rimondi y Mario Filozof también confirmaron los procesamientos por el delito de "peculado" (malversación de caudales públicos) del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y de la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, entre otros antiguos miembros del gobierno de Menem.

"Distintas sumas de dinero que originalmente estaban asignadas a gatos de carácter reservado" fueron a "manos de una gran cantidad de funcionarios públicos ministros, secretarios de Estado y subsecretarios", señalaron los magistrados en la resolución, divulgada por la agencia estatal Télam.

El tribunal también ordenó los procesamientos de los ex funcionarios Adelina Dalesio de Viola, Mabel Behal, Jorge Pereyra de Olazábal, Ricardo Cossio, Santiago Lozano, Alberto Noé Carballo y Augusto José Rodríguez Larreta y dictó embargos que van hasta los 650.000 pesos (unos 171.000 dólares).

En junio, el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi dictó los procesamientos de Menem y de quien fuera su ministro de Economía, Domingo Cavallo.

El magistrado no dispuso la prisión preventiva porque consideró que no existe peligro de fuga ni posibilidades de entorpecer la investigación por parte de los procesados y, en el caso del ex mandatario, porque como legislador tiene inmunidad de arresto.

La autoridad judicial determinó que "se ha acreditado" que durante los dos mandatos de Menem "se ideó, se ejecutó y se desarrolló" un sistema por el cual se destinó dinero público para el pago de sumas a funcionarios del poder Ejecutivo, "las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos".

La autoridad judicial señala que el sistema que repartió los recursos estaba conformado por "funcionarios de la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo", y que ese dinero estaba asignado originalmente por la Ley de Presupuesto a gastos de Inteligencia y Seguridad del Estado.

"El origen del dinero que fue utilizado para alimentar el fondo general de sobresueldos se reconoció en las partidas asignadas por la Ley de Presupuesto a gastos reservados, las cuales fueron engrosadas considerablemente entre 1989 y 1999, y entre 1988 y 2001", agregó.

Martínez De Giorgi consideró que fue Menem quien habilitó el sistema de pago y que pudo haber evitado la distribución del dinero pero no lo hizo.