Como un claro precedente respecto de la defensa de los derechos de los funcionarios públicos, calificó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la acogida que dio el Tribunal Constitucional al requerimiento de inaplicabilidad presentado ante el organismo, luego que el Consejo para la Transparencia interpretara que sus correos electrónicos constituían información pública.

La polémica comenzó en 2011, cuando el Consejo para la Transparencia dictó una resolución que instruía al subsecretario del Interior dar a conocer los correos electrónicos intercambiados con la Gobernación de Melipilla, relativos a las transferencias de fondos efectuadas a esa entidad con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010.

"Estamos satisfechos con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque salvaguarda garantías constitucionales de los funcionarios, al  recoger las razones, principios y derechos que hemos defendido en este caso", manifestó Ubilla.

El subsecretario del Interior manifestó que "todos queremos un país más transparente, pero esta búsqueda de la transparencia no puede afectar el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos".

"El hecho de que el Tribunal Constitucional acogiera nuestro requerimiento, asegura el derecho a la privacidad de miles de funcionarios públicos que podrían haber sido afectados por una resolución en contrario. El segundo principio que ha quedado resguardado gracias a este pronunciamiento, es el de la existencia de un espacio deliberativo, privado, para la correcta adopción de políticas públicas que ayuden al bien común de la nación", expresó.