El Tribunal Constitucional del Perú (TC) confirmó hoy que en los primeros días de enero analizará si admite la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la polémica ley de trabajo juvenil, que suprime algunos derechos laborales para personas entre 18 y 24 años.

"Se le va a dar el trámite correspondiente para revisar los requisitos de admisibilidad", dijo el presidente del TC, Óscar Urviola, quien explicó que si la demanda cumple con los requisitos, será remitida al Congreso.

"Según la ley, tiene 30 días hábiles (de plazo) para que el Parlamento responda a la demanda. Es decir, la audiencia (para escuchar a las partes y analizar el pedido) se podrá realizar los primeros días de marzo", agregó.

La demanda sostiene que la ley debe anularse por violar la Carta Magna al establecer un régimen discriminatorio que promueve el empleo de trabajadores de 18 a 24 años sin derecho al pago de gratificaciones, seguro de vida y recorte de vacaciones, por un máximo de tres años. 

El pedido de nulidad es promovido por el parlamentario centrista Yohny Lescano. Sin embargo, expertos consideran que debido a las masivas protestas y críticas contra la norma, ésta ya ha sido derrotada políticamente y que concierne al Congreso modificarla o derogarla.

La nueva ley provocó que miles de jóvenes marcharan en dos ocasiones en el centro histórico de Lima, exigiendo su anulación. Asimismo, diferentes bancadas parlamentarias, como la derechista Fuerza Popular y el centroderechista Partido Aprista, ambos de marcada oposición al gobierno, han retirado su apoyo a la norma, pese a que en un principio la aprobaron.

El oficialismo ha defendido la norma con el argumento de que estimulará a las empresas a que contraten personal joven y se reduzca la informalidad y el desempleo en ese sector.

El presidente Ollanta Humala, principal defensor de la nueva ley, se ha mostrado reacio a su modificación y exhortó a los jóvenes a analizarla, porque "existe mucha desinformarción" al respecto.

El mandatario ha sido crítico con los parlamentarios que retiraron su apoyo a la norma, a los que llamó "oportunistas" y les pidió "ser valientes" para defender lo que anteriormente aprobaron.

Miembros del oficialismo, como el ministro de Trabajo, Freddy Otárola, se han pronunciado en favor de difundir y mejorar la polémica norma. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, fue tajante al decir que "no habrá marcha atrás" con el nuevo régimen, que es parte de un paquete de medidas aprobadas por el gobierno para reactivar la economía.