Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el Tribunal Constitucional rechazó por cuatro votos contra uno y declaró inadmisible el recurso presentado por el ex ministro Laurence Golborne en el marco del caso Penta.
En el requerimiento la defensa de Golborne acusó la inconstitucionalidad en la aplicación del delito de infracción a la Ley de Donaciones, argumentando que dicha norma no precisa totalmente la pena que debe aplicarse por su incumplimiento. Dicha falta de precisión, señaló la defensa, vulneraba el principio de legalidad.
"Este no es un tema de interpretación legal, lo que ocurre es que la falta de determinación precisa de la pena y esa determinación es lo que atenta contra el precepto constitucional", aseguró el abogado del ex secretario de Estado, Carlos Cortés.
Por su parte, el fiscal Pablo Campos manifestó que "el Ministerio Público no ha formalizado a Laurence Golborne por el precepto legal que aquí se viene a impugnar, la acusación que formule en su momento el Ministerio Público tampoco se va a fundar en dicha norma (...) para el Ministerio Público se ha transformado en un obstáculo para poder perseguir la responsabilidad de Golborne en delitos tributarios".
"En este escenario en que procesalmente los querellantes no han podido presentar sus acusaciones (...) no se puede saber a ciencia cierta si esta norma que aquí se cuestiona va a ser aplicable o no, menos es posible determinar si al ser aplicable esa norma aun así será decisiva en el juzgamiento de los hechos por los cuales se está imputando a Golborne", acotó el persecutor.
En este línea, Campos aseveró que "por alguna razón, que probablemente tiene que ver con el hecho que no se quiere contar con una acusación, que la defensa ha optado por elegir este momento para presentar el recurso. Pero no el Ministerio Público ni este tribunal deben hacerse cargo de las estrategias de la defensa".
En tanto, el abogado Manuel Navarrete del Servicio de Impuestos Internos, sostuvo que la pena por este delito "no es indeterminada. En el caso hipotético que se llegara a condenador por este delito (...) solamente se podría condenar por el delito" tributario.
En junio del año pasado, al ex secretario de Estado se le imputaron cargos por la facilitación de facturas ideológicamente falsas a cerca de 10 empresas para financiar su candidatura, por un monto de $260 millones.
Asimismo, según el Ministerio Público, Penta pagó $120 millones a la empresa de Golborne -Vox Comunicaciones- justificados con facturas por trabajos no prestados.
Tras su formalización, Golborne quedó con firma quincenal y arraigo nacional, medidas cautelares que posteriormente fueron reducidas sólo a firma mensual.
