La obtención, por parte de la fiscalía, de los últimos seis años de la documentación contable de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), está lejos de materializarse. Ayer, por unanimidad, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) frenó las nuevas diligencias que la fiscalía alistaba en la arista SQM del caso Penta tras decretar "la suspensión del procedimiento en dicha gestión (...) respecto de audiencias, actuaciones, resoluciones y autorizaciones que se refieran a medidas intrusivas en la denominada arista Soquimich ", dijo el relator del TC, Rodrigo Pica.
Esto se dio luego de que el TC acogiera a trámite el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado el lunes por el abogado Samuel Donoso, representante del ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse.
La resolución que ayer tomó el TC fue adoptada por los ministros Carlos Carmona, Iván Aróstica, Gonzalo García, María Luisa Brahm y Cristián Letelier (ver recuadro). Este último, ex diputado de la UDI, aparece mencionado en los emails que están en la carpeta del caso Penta. Se trata de un correo electrónico enviado el 7 de junio de 2013 por Letelier a Carlos Alberto Délano, socio controlador del holding Penta, en el que le solicita recursos para la campaña de Pablo Longueria.
Tras la medida ordenada por el TC, las pretensiones de la fiscalía de allanar las oficinas de SQM se vio paralizada por lo menos hasta la próxima semana. Fuentes judiciales, aseguran que mientras no se resuelva el requerimiento, el juzgado de garantía no podrá autorizar o rechazar el allanamiento. Así, esta arista de la causa quedará congelada hasta el próximo 25 de marzo, fecha en que está prevista una audiencia para discutir la admisibilidad del requerimiento.
LOS ARGUMENTOS DE CHAHUÁN
Las razones detrás de la diligencia solicitada por el M. Público quedó registrada en un documento de 17 páginas presentado el lunes. La detección de presuntos nuevos ilícitos que implicarían a la firma minera fueron parte de los argumentos para solicitar la incautación de los documentos contables. Eventuales delitos tributarios, contratos simulados, fraude de subvenciones, cohecho, lavado de activos y apropiación indebida, son parte de los ilícitos indagados. Este último delito, según la fiscalía afectaría "el patrimonio de los accionistas minoritarios de la empresa, cuyos recursos se están desviando indebidamente hacia terceros". Con estos hechos, la investigación toma un nuevo rumbo y no sólo se supedita a una denuncia o querella por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) para que la fiscalía pueda actuar.
Para fundamentar la petición de allanamiento, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, invocó parte de la querella presentada el 9 de enero por el SII. "Habiéndose incluido la expresión 'y en contra de quienes resulten responsables', el Ministerio Público no sólo puede dirigir su persecución en contra de las personas expresamente señaladas en dicha querella, sino también en contra de cualquier otro que pudiera tener participación", detalló Chahuán. El mismo escrito detalla que la diligencia apunta a detectar si SQM emitió otras boletas a Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería, indagado por corrupción y lavado de dinero.
Tras conocer la resolución, Chahuán declaró: "Como fiscalía no estamos de acuerdo con el requerimiento que se ha intentado ante el Tribunal Constitucional y nuestro argumento lo vamos a hacer valer en la audiencia".
Enfatizó en que esta es una resolución transitoria que suspende la medidas intrusivas de la investigación. "De manera tal que continuaremos ejerciendo las facultades de la fiscalía. Quería transmitirles que la ciudadanía tenga la tranquilidad y la confianza y por eso vine a hablar con ustedes", dijo.
Ayer, a través de un comunicado, el SII dijo que SQM entregó "un pendrive con información parcial".
