La Audiencia Nacional española acordó hoy la extradición del ex militar argentino Julio Alberto Poch para ser enjuiciado en su país por su presunta participación en los "vuelos de la muerte", hechos por los que, según exige el tribunal, no podrá ser condenado a prisión perpetua.
La documentación extradicional enviada desde Argentina menciona que, durante el régimen de Videla, el acusado "había arrojado a personas desde aviones", según indica el auto por el que el órgano judicial español ha ordenado su extradición.
Unos hechos que, según el documento, constituyen delitos de "detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes", y que por ser de lesa humanidad son "imprescriptibles".
Poch fue detenido el pasado 22 de septiembre en la localidad mediterránea de Manises, en la provincia española de Valencia.
Durante su posterior comparecencia ante el magistrado español Eloy Velasco, el ex militar negó su implicación en los hechos de los que se le acusa.
Poch está acusado de ser uno de los responsables de los "vuelos de la muerte", con los que pilotos navales arrojaron al mar a detenidos en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, la mayor cárcel clandestina instalada durante la dictadura del general Videla.
Las autoridades argentinas ya habían solicitado a Holanda, a finales de 2008, la extradición del ex militar, tras recoger en ese país testimonios que lo involucraban en los hechos juzgados.
Entre esos testimonios figuran las declaraciones de un piloto de la compañía Transavia, que afirma que el mismo Poch le contó cómo arrojaba a los opositores al régimen argentino desde los aviones, además de justificar ese método de exterminio.
En la vista celebrada el pasado 13 de enero, la defensa consideró que el caso del ex militar es un "claro fraude de la ley", porque Holanda no tramitó ninguna orden de detención ni de extradición en su contra.
A ese respecto, la Audiencia Nacional española estima que se trata de una declaración "que no deja de ser ocurrente" y que "se asienta sobre unas bases que no se acreditan".
Justifica, además, que para definir la extradición de Poch se ha seguido un criterio de acuerdo con el alcance de los delitos que, en su caso, "son de la suficiente gravedad" como para no impedir la aplicación de la regla general de entrega de nacionales españoles.
Por último, el Tribunal español apoya que el acusado sea juzgado en Argentina, pero si recibiera una condena privativa de libertad, "en ningún caso" puede ser perpetua, sino la inmediatamente inferior a ella.