El próximo miércoles 13 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete volverá a revisar la situación procesal de Héctor Llaitul Carrillanca, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). La audiencia, sin embargo, no será para discutir su presunta responsabilidad en algún hecho, sino que para analizar una eventual rebaja a la condena que se le impuso.

Para esto, la Defensoría Penal Pública se basará en un cambio que se generó en la tramitación de la agenda corta antidelincuencia, que eliminó la agravante de "pluralidad de malhechores" en los asaltos.

Actualmente, Llaitul se encuentra querellado por el gobierno, luego de que un reportaje de Informe Especial de TVN exhibiera a encapuchados armados que aseguraron ser de la CAM, grupo que ha reivindicado una serie de hechos violentos en la zona de La Araucanía. La acción legal fue por Ley de Seguridad del Estado.

El anterior paso de Llaitul por el sistema judicial tuvo su inicio el 15 de julio de 2009. Ese día, en la casa de su madre, en Osorno, fue detenido por su presunta responsabilidad en dos hechos delictuales. Dos años después, en marzo de 2011, fue condenado a 25 años y dos días de presidio por el robo con intimidación al agricultor José Santos Jorquera, el atentado frustrado al fiscal Mario Elgueta y las lesiones graves a tres detectives. Estos hechos ocurrieron en 2008, en el sector de Puerto Choque, en Tirúa.

Otros tres miembros de la CAM también fueron condenados por estos hechos, aunque para ellos se dictaron 20 años de cárcel.

El primer triunfo judicial de Llaitul vino tres meses después, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema le rebajó la pena, quedando con un total de 14 años de presidio (10 años por el asalto al agricultor y cuatro por las lesiones al fiscal).

La siguiente acción de la defensa de Llaitul fue abonar los días que estuvo en prisión preventiva a su condena. Así, logró acreditar 1.426 días, casi cuatro años. De esta forma, en 2014, con la mitad de la pena cumplida, postuló a los primeros beneficios penitenciarios.

Así, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Concepción le otorgó ese beneficio en mayo de 2015. Llaitul ya gozaba de salida diaria desde el 2 de febrero de 2015 y permiso de fin de semana desde el 16 de agosto de 2014.

Para poder salir del penal El Manzano tuvo que acreditar tres requisitos: tener cumplida la mitad de la pena, dos bimestres de buena conducta y un trabajo estable. En este último requerimiento, fue clave el rol del Arzobispado de Concepción.

Según fuentes cercanas al caso, el vocero de la CAM es asistente social y la Iglesia le ofreció desempeñarse en la hospedería Padre Esteban Gumucio, para personas en situación de calle, de la Fundación Novo Millennio, dependiente de la Vicaría de la Pastoral Social del Arzobispado de Concepción. El vínculo laboral, no obstante, ya no existe.

La Tercera contactó a la diócesis de la Iglesia Católica, pero esta declinó referirse al tema.

El abogado Javier Pereira, de la Defensoría Penal Pública, explicó ayer que solicitó la audiencia del próximo día 13 con el objetivo de "reducir la sentencia de don Héctor Llaitul, debido a que una modificación legal reciente, contenida en la Ley 20.931, eliminó una circunstancia agravante (de pluridad de malhechores), que el tribunal tuvo en vista para imponer la sanción. Nosotros sostenemos que habiéndose eliminado la circunstancia agravante de la ley, las condenas pueden ser revisadas". Añadió que "vamos a pedir que en la condena se eliminen a lo menos cinco años".

Respecto del origen de esta petición, el abogado indicó que fue el mismo Llaitul quien se acercó hasta la Defensoría, luego de haber escuchado la modificación legal. Se espera que el Ministerio Público se oponga a esta solicitud.

Respecto de esta situación, el abogado penalista Miguel Soto Piñeiro indicó que "ya lo ha pedido mucha gente (la rebaja de condena) y por eso lo pide ahora Llaitul (...) no hay que meterle más mano a esa ley, ya que serán pocos los que pueden eventualmente beneficiarse"