El próximo 18 de junio se discutirá la posibilidad de reabrir la investigación en contra de seis acusados por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de tsunami, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
La causa fue cerrada por la fiscal regional de la zona Occidente, Solange Huerta, quien presentó acusación por cuasidelito de homicidio el pasado 16 de mayo, y pidió la aplicación de una pena de 818 días de presidio menor en su grado medio para los imputados.
Sin embargo, la defensa de los seis acusados y el abogado querellante, Raúl Meza, solicitaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la reapertura de la investigación, en vista de diligencias que siguen pendientes o que han sido "denegadas por el Ministerio Público".
Los acusados en esta causa son, ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA, Andrés Enríquez y el ex oficial de guardia del SHOA, Mario Andina.
Primera condena por caso Tsunami: 541 días para ex jefe de turno de la Onemi
El ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Osvaldo Malfanti, aceptó los cargos por cuasidelito de homicidio, por la fallida alerta de tsunami.
LAS DILIGENCIAS QUE FALTARON
En el documento presentado ante el tribunal el abogado de Jamett, Carlos Pérez, instó a reabrir la causa, pues hay ocho diligencias que fueron rechazadas por la fiscalía, entre ellas citar a declarar al Contralor de la República, "pues es esta la entidad que en definitiva interpreta los roles que incumben a todos los miembros de la administración del Estado".
En representación de Rosende, el abogado Rodrigo Molina pidió 24 nuevas diligencias, "para acreditar la inocencia de mi defendido", entre ellas "realizar una reconstitución de escena en la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) respecto de lo ocurrido entre las 3.40 horas y las 8 horas del 27.02.10", la misma diligencia pide respecto del Shoa.
Además solicitó que se cite a declarar a los directores de Carabineros y de la PDI de la época, Eduardo Gordon y Marco Vásquez, respectivamente.
La defensa del ex jefe de operaciones del SHOA, Andrés Enríquez, pidió entre otras diligencias, citar a declarar al Capitán de Fragata, Boris Argandoña,"con el objeto de que prestaran declaración sobre detalles de funcionamiento habitual del SHOA, en particular del departamento de oceanografía".
Además, dice el documento, se solicita "al PTWC con sede principal en Hawai, para que dicho organismo informara sobre la cantidad de alertas de tsunami que se habían remitido al SHOA en Chile, número de boletines en las que han aparecido y los detalles o copia de los mismos, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2013".
El abogado de la ex directora de la Onemi, Luciano Fouillioux, en tanto, pide reconsiderar la diligencia denegada por el ministerio público, de oficiar a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la "existencia, vigencia y legalidad del llamado Plan Nacional de Emergencia"
Por su parte el abogado querellante, Raúl Meza, insistió ante el tribunal que es necesario tomar la declaración en calidad de imputada de la Presidenta Michelle Bachelet con el fin de "aclarar el rol que le correspondió asumir el 27F en dependencias de la Onemi".
Además, Meza pide considerar como testigos al ex presidente Sebastián Piñera, y al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quienes fueron recibidos por Bachelet en la Onemi, la madrugada del terremoto.
27/F: Documento de la Onemi asegura que no existe Plan Nacional de Emergencia
