El trueque de la Fundación Allende que va a la Contraloría

En los próximos días, el directorio que administra la Fundación Salvador Allende (FSA) -que busca preservar el legado del ex mandatario- recibirá un documento esperado por más de una década: el Conservador de Bienes Raíces oficializará el levantamiento de la hipoteca de la sede que usan desde 2004 y que hasta hace pocos días estaba en posesión del Estado chileno.

Con esa acción, la FSA terminará de saldar una deuda que arrastra por años, estimada ya en $ 566 millones -casi US$ 1 millón- que pesaba sobre la casona ubicada en calle República 475, en cuyas mismas dependencias se ubica el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA).

El trámite es el punto cúlmine de una negociación entre el Estado -específicamente el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu)- y la FSA que duró 13 años y que se cerró con una poco usual fórmula de pago, que hoy está a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría: la entrega de 93 cuadros de artistas brasileños que fueron cedidos desde la fundación al Serviu para poner término a la deuda que se arrastraba desde el año 2007.

Técnicamente conocida como "dación de pago", la fórmula autorizada ha generado debate incluso entre los profesionales del Serviu, quienes en privado señalan que tiene escasísimos precedentes.

Fue a fines del gobierno de Ricardo Lagos, en 2004, cuando la FSA se interesó en adquirir la casona ubicada en calle República, en el centro de Santiago, también conocida como el Palacio Heiremans.

Por esos días, la fundación -creada en 1990 para preservar el legado del fallecido líder de la Unidad Popular- tenía su sede en una propiedad ubicada en calle Virginia Opazo, también en Santiago, y sus miembros buscaban un lugar en el que se pudieran instalar permanentemente ellos y el MSSA, hasta entonces separados.

Las obras que dieron origen al MSSA tenían una larga historia: comenzaron a reunirse en 1971 en el marco de la Operación Verdad, que el propio Allende lideró para crear un museo en apoyo a la Unidad Popular y que contó con la ayuda inicial de importantes artistas -como Joan Miró y José Balmes-, quienes realizaron donaciones. Las obras artísticas fueron incautadas por el régimen militar tras el golpe de 1973 y sólo devueltas a la FSA por el Ministerio de Bienes Nacionales en 1991, ya con el retorno a la democracia.

El 3 de febrero de 2004, la por entonces directora ejecutiva de la FSA, Patricia Espejo, a nombre de ambas organizaciones, envió la primera carta a la directora del Serviu Metropolitano dando a conocer sus intenciones de comprar la propiedad de calle República. En la misiva, Espejo hace hincapié en el "valioso patrimonio artístico con que cuenta la fundación" y en sus deseos de "disponer de un espacio definitivo".

Además, para la FSA hacerse de esa propiedad de 2.346 metros cuadrados en pleno centro de Santiago traía consigo un importante componente simbólico.

Construida en 1925 a petición del empresario belga Amadeo Heiremans, el inmueble es parte del barrio República, donde existen varias construcciones que están protegidas como patrimonio histórico de la ciudad.

Después de la muerte del empresario acerero, la propiedad pasó a manos de la embajada de España en Chile, que eligió ese lugar como residencia del embajador hasta que en 1967 fue adquirida por la Universidad de Chile, que la ocupó como anexo de la Escuela de Economía, que se encontraba a pocas cuadras del lugar. Luego del golpe militar, el inmueble siguió en posesión de la casa de estudios y el gobierno de Pinochet instaló ahí el principal centro de operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y que años más tarde tras su disolución, pasó a ser un centro de espionaje telefónico de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

"En el piso superior, una suerte de cuartillo que había bajo esa gran techumbre que tiene la vivienda, cuando nosotros ingresamos había huellas indiscutibles de que eso se había utilizado como centro de adiestramiento en personal de la CNI para técnicas de tortura", dijo a Reportajes el arquitecto Miguel Lawner, quien en 2006 remodeló el Palacio cuando la FSA ya lo había adquirido.

El reconocido arquitecto de la Unidad Popular fue elegido para refaccionar la propiedad y cuenta que durante el proceso de restauración, incluso, se encontraron documentos de la CNI, como diagramas de funcionamiento y presupuestos que más tarde fueron entregados a la justicia.

La venta de la propiedad se liquidó en cuatro meses desde la primera carta enviada por Espejo en febrero al Serviu y la escritura en que se hace efectiva la compraventa del inmueble, en mayo de 2004. El monto acordado fue de 27.493 UF, según consta en la resolución número 122 del Ministerio de Vivienda, fechada el 22 de marzo de ese año.

En ese mismo documento se acordó una modalidad de cancelación de 10 cuotas anuales por el monto total y una hipoteca a favor del Serviu para protegerse en caso de incumplimiento de pago. Según se puede leer en los documentos oficiales, en mayo de ese año el inmueble ya estaba en manos de la FSA.

Un año después, en octubre de 2005, la FSA intentó que el pago se realizara en 20 cuotas y no en 10, como se había acordado en un principio. Sin embargo, en abril de 2006 otra resolución volvió a establecer las 10 cuotas, aunque se concedió eliminar el cobro del máximo interés convencional en "caso de mora o simple retardo del pago".

Pocos días después a los trabajos de remodelación de la casona, en 2006, se inauguró oficialmente la sede. Hasta la calle República llegaron la ya por entonces Presidenta Michelle Bachelet y los ex mandatarios Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, ministros de la época, diplomáticos y ex autoridades. Según la página web de la fundación, el evento contó con la presencia de 700 personas.

Pero las celebraciones duraron poco.

Según relatan miembros de la FSA que participaron del proceso de compra de la propiedad en esos años, la organización no tenía dinero para seguir pagando las cuotas que restaban.

"Vinieron problemas económicos, porque la solidaridad ya no era posible, puesto que habían cambiado los distintos gobiernos amigos, por distintas razones. Para nosotros se nos pasó a complicar mucho", cuenta la senadora Isabel Allende, quien también es miembro del directorio de la fundación.

Por eso, ese mismo año, la organización volvió a solicitar una revisión del contrato de pago por el inmueble. El 5 de julio de 2006, el Serviu estableció que se mantenían las 10 cuotas -hasta esa fecha la FSA había efectuado cuatro pagos de éstas- y que el saldo adeudado ascendía a 21.944,40 UF.

Hasta ese momento, a la FSA le quedaban seis cuotas por pagar. La última cuota cancelada fue en diciembre de 2007. Las restantes quedaron impagas.

Durante ocho años, la FSA estuvo oficialmente como morosa ante el Fisco. La preocupación por cumplir con lo acordado con el Estado llegó a su punto crítico el 2015. Fue entonces que la senadora PS e hija del ex mandatario, Isabel Allende, comenzó a encabezar una serie de negociaciones con el Ministerio de Vivienda para sanear la deuda que, en agosto de ese año, ascendía a $ 540 millones.

Por ese entonces, entre las partes las negociaciones llegaban a un punto muerto, al extremo de que la posibilidad de un juicio de la FSA con el Estado comenzó a rondar. Sin embargo, ninguna de las dos partes quiso escalar el conflicto, debido a los costos que podía conllevar.

Poco antes, durante el gobierno de Sebastián Piñera, miembros de la fundación -liderados por la senadora PS- se habían reunido con la ministra de Vivienda de ese entonces, Magdalena Matte, para intentar arreglar la situación. "En un momento, con la ministra Matte acordamos de que no se ejecutara la deuda y buscáramos un mecanismo, pero nosotros no teníamos dinero para pagar", cuenta la senadora Allende.

La ministra estableció una mesa de coordinación para dar solución al problema, que integró a representantes de la FSA, del Ministerio de Educación y de la Dibam. Sin embargo, tras meses de conversación, no se llegó a ningún acuerdo.

Lo que terminó en la fórmula de solución del pago de la deuda -el traspaso de una colección de cuadros al Serviu- se inició en junio de 2012, cuando el Museo Afro Brasil donó 93 obras de arte a la FSA -por entonces presidida por el ex ministro Osvaldo Puccio- con la intención de "promover la cultura latinoamericana". La entrega, hecha por el director ejecutivo y curador del museo brasileño, Emanoel Araujo, se convirtió dos años más tarde en la moneda de cambio de la FSA con el Estado.

Así, el 28 de octubre de 2015, la FSA presentó al Serviu la propuesta de zanjar la deuda de $ 540 millones con la entrega de estas 93 obras de arte de artistas brasileños a través de la figura legal de "dación de pago", o sea, la entrega de un bien para saldar la deuda pendiente.

En el mismo documento de octubre, la FSA propone la fórmula y adjunta la tasación de las obras a cargo de Alfonso Díaz y Constanza Guell, que se estableció en US$ 826 mil.

Según consta en documentos oficiales de la negociación, la oferta de la FSA comenzó a ser analizada por el Serviu, que ordenó una tasación propia de las 93 obras. El organismo se lo solicitó a una curadora de arte de la Dibam, Gloria Cortés, quien tasó los cuadros en US$ 806 mil.

El acuerdo quedó sellado el 14 de enero de 2016, cuando el Serviu aceptó formalmente la celebración del contrato de "dación de pago" con la FSA. Ambas tasaciones, la de la fundación como la del ente estatal, superaban el monto de la deuda pendiente y, finalmente, se estableció la cancelación de la mora, que al 31 de enero de 2016 alcanzó los $ 566 millones.

En los documentos en que el Serviu aceptó la dación de pago también se deja establecido que las 93 obras serán exhibidas en el Parque Metropolitano, en la Casa de la Cultura Anahuac, propiedad del Ministerio de Vivienda (en la foto).

Al ser consultada por Reportajes, la senadora Allende defendió la fórmula de transacción.

"El Estado ha entregado a muchas instituciones comodatos de manera totalmente gratuita. Nosotros alcanzamos a pagar cuatro cuotas con mucho esfuerzo y no solo eso, ha habido una inversión increíble para la recuperación de espacios, en específico de la casona, para poder tener todas las obras ahí como un depósito", agrega la senadora Allende.

Hoy, sólo resta el trámite de alzamiento de la hipoteca -que desde el Serviu señalan que debería producirse la próxima semana- para cerrar definitivamente las tratativas y dejar sin deudas pendientes con el Estado a la FSA.

Todo el proceso ha generado controversia en el Ministerio de Vivienda. Funcionarios al interior de la cartera han advertido que el proceso -sobre el cual ha estado al tanto la ministra Paulina Saball- podría ser objetado por la Contraloría.

De hecho, los detalles de las transacciones y la propia resolución por la cual el Serviu renuncia al pago de la deuda mantenida por la FSA a cambio de las obras no fue presentada ante el organismo fiscalizador para su toma de razón.

Un documento interno al cual tuvo acceso Reportajes advertía que la Contraloría podría objetar no sólo el origen de la venta, sino que también el hecho de que el Serviu no haya hecho durante años ninguna gestión para cobrar los dineros que se le adeudaban.

"La inactividad injustificada del servicio en ejercer acciones de recuperación de la deuda morosa que la fundación mantuvo con el servicio por tantos años", se lee en el documento.

En especial, se pone acento en que la Contraloría "cuestione el fondo de la figura de "dación de pago", atendiendo a que el Serviu dentro del ámbito de sus funciones no contempla un giro que justifique la adquisición de obras de arte".

Sobre este punto -internamente también se ha advertido que- pese al inminente alzamiento de la hipoteca, aún no se ha concretado el inventario ni la entrega de los cuadros al organismo o tampoco se ha hecho un resguardo de estas obras mediante algún tipo de seguro para su mantención, lo que, además, implicaría gastos adicionales.

Quienes conocen el tema sostienen que las obras en cuestión permanecen en manos de la FSA y que la idea final es que queden en comodato bajo su administración.

El miércoles 26, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, junto a los diputados Diego Paulsen y Gonzalo Fuenzalida presentaron ante Contraloría un documento de 11 páginas donde se denuncian supuestas irregularidades desde 2004, cuando comenzó la adquisición de la FSA de la propiedad.

Para los diputados existe una "evidente transgresión de los principios orientadores del accionar de la administración por parte del Serviu Metropolitano y la intención palpable de favorecer a la Fundación Salvador Allende en desmedro del interés y los fines institucionales".

Además, agregan, se estaría transgrediendo el principio de probidad, haciendo hincapié en que las obras hoy siguen físicamente en manos de la FSA y no del Serviu que, legalmente, hoy es el dueño de dichas obras.

La intención de los parlamentarios es que la Contraloría, a cargo de Jorge Bermúdez, inicie un sumario por "las eventuales irregularidades de la transferencia -desde su compraventa por trato directo hasta los trámites posteriores a la 'dación de pago'- del inmueble ubicado en calle República 475".

El documento de los diputados termina con una advertencia: si se verifican irregularidades remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.