La ofensiva contra los indocumentados en Estados Unidos está servida. Tal como había prometido el nuevo Presidente del país, Donald Trump, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) publicó este martes dos circulares internas que refuerzan la captura y deportación de inmigrantes ilegales, especialmente los llegados hace menos de tres años, y que dejan muy pocas excepciones para evitar esa medida de fuerza. Se trata de dos documentos firmados por el secretario de Seguridad, John Kelly, que conmina incluso a la deportación inmediata de inmigrantes sin antecedentes criminales.
En todo caso la prioridad seguirá siendo la captura y deportación de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes criminales, algo que era la norma en el gobierno de Barack Obama. Pero sostiene el memo que "con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría para remoción de extranjeros de la potencial aplicación de la ley".
Así, "todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos".
Con ese objetivo Kelly anunció la contratación de 15.000 nuevos agentes migratorios: 5.000 nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP) y de 10.000 empleados para el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE). "El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur (con México) ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.", dicen las directrices.
Según la agencia de noticias The Associated Press, los memorandos firmados por John Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. En todo caso, uno de los documentos dice que los inmigrantes ilegales que que se cree que no volverán a cruzar la frontera de nuevo, podrán esperar a que el proceso de deportación se cierre.
Sin embargo, no está claro si es que EE.UU. tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros, como centroamericanos que cruzan México con la intención de llegar a suelo estadounidense. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.
Estas circulares internas, pero que fueron publicadas en el sitio del DHS, son el primer paso para la aplicación de la promesa de campaña de Trump de expulsar del país a los inmigrantes en situación irregular -según algunos cálculos serían unos 11 millones, la mayoría de ellos mexicanos- independientemente de que hayan o no cometido crímenes violentos en su país de origen o en Estados Unidos.
En el terreno donde los documentos del DHS no entraron fue en el programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (Daca) que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando eran niños. Eso pese a que Trump también prometió poner fin a ese programa durante su campaña. El Daca, impulsado por el gobierno de Obama en 2012 ha permitido frenar la deportación de 750.000 jóvenes, más conocidos como los "dreamers" ("soñadores").
Durante el gobierno de Obama fueron expulsados 2,8 millones de personas, más que ninguno antes. Así, en año fiscal 2015, deportó 333.000 extranjeros.
El 23 de enero, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había dicho que la prioridad del gobierno en su ofensiva de deportaciones eran los inmigrantes con antecedentes criminales. "Personas que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de la atención", dijo Spicer.
